El TSJC reconoce como empleado del CSIC al salmantino fallecido en el alud del Valle de Arán

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha avalado que los dos trabajadores que en 2018 murieron por un alud en una expedición del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) al Val d’Aran, uno de ellos el biólogo salmantino Gaspar Giner Abati (39 años), fueron empleados por la agencia estatal, pese a que no tenían contrato.

En una sentencia, el TSJC desestima el recurso presentado por el CSIC contra el fallo de un juzgado social de Lleida que reconoció la relación laboral de los fallecidos con la agencia estatal, que alegaba que las víctimas trabajaban como guías de montaña y participaron en la expedición de forma voluntaria.

El fallo, que es recurrible ante el Supremo, puede tener efectos sobre la causa penal que un juez de Vielha (Lleida) tiene abierta a raíz del accidente mortal, en el que la presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, y otros dos cargos de la agencia estatal están investigados por un delito contra la seguridad de los trabajadores por la falta de medidas preventivas en la expedición.

El accidente ocurrió el 22 de marzo de 2018, cuando tres miembros de una expedición científica destinada a recoger muestras de agua del lago Redon para un proyecto del CSIC -dependiente del Ministerio de Medio Ambiente- fueron arrastrados por un alud en el valle de Conangles que les precipitó por una roca vertical de 90 metros de altura. A raíz del accidente, resultó herido grave Roberto Sánchez, investigador de Lasarte (Guipúzcoa) contratado como técnico superior para el CSIC, y fallecieron las dos personas que le acompañaban: el salmantino Gaspar Giner Abati, biólogo que había trabajado en esta empresa pública, y el montañero Unai Pérez de Arenaza, vecino de Bergara (Guipúzcoa).

Ambos fallecidos habían sido reclutados verbalmente por el director del proyecto, Luis C. -también investigado-, unos días antes de la salida de la expedición sin realizar ningún trámite previo, ni gestionar ninguna hoja de pedido de contratación y sin que la gerencia del CSIC autorizase ningún gasto relacionado con su intervención en la campaña de toma de muestras.

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