El Poder Judicial quita la especialización al juzgado de cláusulas suelo de Salamanca al acabar con el atasco

Hace cuatro años y medio, el 1 de junio de 2017, el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Salamanca asumió por obligación una de las tareas más comprometidas de los últimos años en materia judicial: hacer frente a la avalancha de casos relacionados con las cláusulas suelo y otras condiciones fijadas en las hipotecas. Una labor que llevó al órgano judicial prácticamente al colapso, situación de la que ha conseguido salir tras mucho esfuerzo y que le ha permitido despedirse de la especialización en este tipo de asuntos a partir del próximo 1 de enero, tal y como ha decido el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El máximo órgano de los jueces ha tomado esta decisión “dada la positiva evolución experimentada tanto en lo que respecta al número de asuntos pendientes como a su capacidad de resolución”. Prueba de la labor que ha realizado el Juzgado de Primera Instancia número 9 es que durante estos años ha recibido más de 6.700 casos relacionados con productos hipotecarios, aunque con ejercicios en los que ha superado los 2.000, como ocurrió en 2018 —la carga aconsejada es de 1.200—.La avalancha provocó que a final de 2018 contara con más de 2.300 asuntos pendientes. Sin embargo, desde entonces ha ido paulatinamente reduciéndolo, hasta llegar a 631 casos en tramitación a 30 de septiembre de este año.

La vuelta a la normalidad, eso sí, será gradual. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial considera necesario mantener las medidas de apoyo con las que cuenta en la actualidad. Es decir, por ahora se mantendrá el juez de refuerzo y la ampliación de jornada para el letrado de la administración de justicia y los funcionarios. También ha decidido que se le eximirá de forma temporal (total o parcial) del reparto de asuntos de naturaleza civil por períodos de tres o seis meses que podrán prorrogarse, en su caso, según determine la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, previa audiencia de la junta de jueces de Primera Instancia. Además, el CGPJ fija que el juzgado continuará conociendo de todos los procesos pendientes en materia de cláusulas abusivas hasta su definitiva conclusión.

Al ritmo actual, y salvo un repunte inesperado en la entrada de casos, resulta factible pensar que acabará con todos los asuntos pendientes en la segunda mitad de 2022. Un punto final a una trayectoria que comenzó el 1 de junio de 2017 con polémica. El Consejo General del Poder Judicial decidió que fuera un juzgado en cada provincia el que se especializara en esta materia para que así hubiera una unidad de criterio. Una propuesta que no gustó a los jueces de Primera Instancia, ni a los funcionarios, y que dejaron claro cuando ningún órgano judicial se presentó voluntario para hacerse cargo de tal carga de trabajo. Al final fue el Tribunal Superior de Justicia el que designó al de Primera Instancia número 9. Sin embargo, en un primer momento no se le aportaron medidas de refuerzo para enfrentarse a la avalancha de casos, lo que provocó varias movilizaciones de los funcionarios de justicia. No fue hasta varios meses después cuando se pusieron en marcha y se eximió al juzgado de recibir otros asuntos civiles.

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