El novedoso buzón municipal para denunciar el fraude de forma confidencial

Para poder solicitar y recibirlos fondos europeos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Unión Europea exige que las administraciones públicas dispongan de un plan de medidas antifraude. En virtud de esta directiva, el Ayuntamiento de Salamanca ya cuenta con el suyo y establece una serie de medidas para dar “caza” a quien “por acción u omisión” presente declaraciones o documentos falsos, inexactos o incompletos, incumpla su obligación de comunicar una información, o desvíe fondos a fines distintos para los que fueron concebidos.

Entre las medidas que pondrá en marcha el Consistorio destaca la creación de un buzón de denuncias, en la web municipal, en la que cualquier ciudadano podrá formular sus denuncias de forma confidencial y con la seguridad de que no se tomará ninguna represalia contra él ni será sancionado en el caso de que se trate de un funcionario público. Además, estas alertas ciudadanas no caerán en saco roto. Todas ellas deberán ser tenidas en cuenta por la administración local, y no solo deberán ser indagadas por una comisión antifraude, sino que al denunciante se le comunicarán los resultados de las gestiones que se realicen en su investigación. Al frente de esta comisión antifraude estará el concejal delegado de Hacienda, Régimen Interior y Contratación —en la actualidad, Fernando Rodríguez— y formarán parte de ella el secretario general, el interventor, los jefes de servicio de Contratación y Oficina Presupuestaria, el director del Área de Régimen Interior.

Este nuevo órgano deberá reunirse al menos una vez cada seis meses. Diseñará medidas para evitar intentos de fraude al Consistorio, y propondrá al departamento de Recursos Humanos la apertura de expedientes informativos ante cualquier sospecha de irregularidades. Pero también será el encargado de archivar aquellos casos en los que se considere que las sospechas eran infundadas, o de adoptar medidas cuando se demuestre que ha habido fraude. Entre estas últimas, se incluyen tanto expedientes disciplinarios como las denuncias ante la fiscalía y los tribunales.

Para detectar los fraudes, el Ayuntamiento asume el catálogo de “banderas rojas” elaborado desde la Comisión Europea. Las señales de alerta que tendrá en cuenta serán, entre otras, las quejas de los licitadores, los pliegos con prescripciones más restrictivas o generales que en procedimientos anteriores, así como cláusulas inusuales en los contratos, pero también adjudicaciones a ofertas económicas demasiados elevadas o, por el contrario, bajadas bruscas o fraccionamientos de gasto para adjudicaciones directas de servicios u obras.

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