El edificio público salmantino que es una ruina

Cada memoria enviada por los jueces salmantinos al Gobierno se resalta con la misma queja: la necesaria reforma del Palacio de Justicia que alberga la Audiencia Provincial, el Juzgado y la Fiscalía de Menores, además del de Vigilancia Penitenciaria al que se sumará el que se dedicará a Familia.

El inmueble, ubicado en la Gran Vía, tiene una antigüedad de seis décadas en las que apenas se han realizado reformas con lo que arrastra numerosas deficiencias. Desde las dificultades de accesibilidad, la falta de espacios adecuados a problemas de seguridad que dificultan la garantía de intimidad de las personas más frágiles: las víctimas y los agresores menores se ven cara a cara antes de los juicios ante la ausencia de una sala de testigos en la Audiencia Provincial para evitar conflictos. Ante esta situación, los agentes de la Guardia Civil deben ser los encargados de vigilarles pero no pueden impedir la intimidación del contacto visual.

Las barreras de accesibilidad son más que evidentes. Desde los escalones de la entrada al interior del propio edificio que ve cómo de forma crónica se estropea uno de los ascensores que obliga a superar todos los escalones, también para las personas con problemas de movilidad. Los jueces ya han resaltado este problema: en el momento que una víctima, testigo o imputado tiene que declarar y requiere de una silla de ruedas se avisa previamente a los Servicios Sociales o Cruz Roja para poder superar los nueve escalones de la entrada. Esta atención no es altruista sino que requiere del pago de la factura correspondiente. Los vigilantes están hartos de denunciar un arco de seguridad que está permanentemente averiado o los casi dos años que se tardó en conseguir una nueva fotocopiadora, ya que la antigua tenía tantos años que ya no se fabricaban los repuestos. “El Palacio de Justicia no reúne las condiciones de accesibilidad, cuestión en la que venimos insistiendo con nulo resultado”, trasladaba el presidente de la Audiencia, José Antonio Vega.

La respuesta del Ministerio de Justicia a estas peticiones, incluso la instalación de un elevador provisional, siempre es negativa: “No se va a hacer una obra provisional, si se va a rehabilitar el edificio”. Esta contestación podía entenderse si no fuera porque los funcionarios llevan esperando 16 años para que se materialice el proyecto de rehabilitación del Palacio de Justicia. La reforma es la esperanza para acabar con la mayoría de las deficiencias. Casi dos décadas después, las obras ni se han licitado. El último compromiso del departamento que dirige Pilar Llop fue que la rehabilitación de 6,4 millones comenzaría en 2023. Sin embargo, para poder iniciarla es necesario que antes los órganos judiciales se trasladen provisionalmente a las dependencias del inmueble de la avenida Torres Villarroel (antiguo MOPU) y un edificio anexo al de la Audiencia, que antes requieren acondicionarse. El último fallo por un error en la licitación se produjo en el mes de octubre. El concurso público para adjudicar la reforma no se ajusta a la Ley de Contratos lo que obligó a iniciar de nuevo el procedimiento con lo que el compromiso de Llop es difícil de cumplir.

Además la rehabilitación implicará un cambio en la ubicación de los juzgados. Las indicaciones de Justicia a las empresas para redactar el proyecto especificaban que el Palacio de Justicia acogerá en un futuro, además de la Audiencia Provincial, a los dos órganos dedicados al ámbito Contencioso Administrativo y los otros dos que se encargan de la jurisdicción social, juzgados que en la actualidad se encuentran en Colón. A cambio, el de Vigilancia Penitenciaria y el Juzgado y la Fiscalía de Menores, ahora mismo en Gran Vía, se trasladarán al otro inmueble judicial. También incluye cuatro salas de vistas, una más amplia para ubicar el jurado popular, así como las dependencias para testigos y Fiscalía.

• Temas
• Salamanca
• Audiencia Provincial de Salamanca
• Justicia