El desastre del Ingreso Mínimo Vital: bajas sin aviso, errores y demoras

Ángel Benito

Martes, 24 de enero 2023, 21:12

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El Ingreso Mínimo Vital no acaba de dar una respuesta eficaz para que las familias más vulnerables salmantinas tengan una base económica sobre la que poder remontar. La medida vendida a bombo y platillo por el entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y gestionada ahora por el Ministerio de Inclusión que dirige José Luis Escrivá envuelve tanto a los solicitantes como a los que ya se les ha concedido en una espiral de incógnitas que les hace dudar constantemente de saber si seguirán percibiéndola.

Esta situación es con la que se han enfrentado muchos salmantinos que vieron como con la última actualización perdían la prestación o se les reducía a una cantidad residual (entre 40 y 150 euros al mes) sin una notificación previa que les permitiese subsanar el error, en caso de haberlo, y sin obtener ninguna explicación para personas que lo habían recibido desde que se puso en marcha en junio de 2020. Los afectados solo se han percatado cuando han ido a sacar dinero y se han dado cuenta de que la cuantía no se correspondía con lo que habían cobrado hasta ahora o directamente no había ni un euro procedente de la prestación estatal.

Quedar con la hucha sin ingresos nada más empezar el mes supone un descalabro para estas familias que dependen de esta ayuda para sobrevivir. La responsable de Acogida y Atención Primaria de Cáritas Diocesana de Salamanca, Olivia Martín, explica que la “ausencia de notificación” de la Seguridad Social a las familias provoca “situaciones muy dolorosas”. “Son personas muy vulnerables y sin ahorros que recurren a nosotros con las manos vacías porque no encuentran explicación a porque se lo han retirado”, detalla y pone un ejemplo de una multa: “Nadie entendería que te requirieran un pago sin habértelo notificado antes”.

En los casos que se produce estas actualizaciones que pueden deberse, entre otras razones, a recibir becas compensatorias para el estudio, ayudas de emergencia de otras administraciones e incluso los subsidios para pagar el alquiler, son las organizaciones las que tienen que salir a ayudar a estas personas ya que se quedan sin otro lugar al que recurrir. “La falta de notificación está generando indefensión entre las familias ya que si se precisa donde está el fallo se puede actuar y rectificar con nuestra ayuda”, recuerda la responsable. Hay que recordar que los beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía estaban obligados a pedir el Ingreso Mínimo y solo en caso de ser rechazado o tener una cuantía inferior, se les otorgaba de nuevo la ayuda autonómica.

A las actualizaciones sin notificación se le suma varios errores reconocidos por el Ministerio de Inclusión en que se han retirado las prestaciones y el propio departamento de Escrivá ha tenido que rectificar. Al menos hasta Cáritas han llegado varios casos en los que el Gobierno tendrá que volver a abonar las cantidades no percibidas por los usuarios. Sin embargo, esta rectificación no es inmediata, ya que, a pesar de reconocer el error, no se subsana hasta varios meses después. “Tenemos varios casos en los que ya nos han comunicado que al menos hasta febrero no recibirán las prestaciones”.

A esta situación se suma la demora en la lentitud del proceso para la solicitud: 20 días de espera para la atención presencial en las oficinas de la Seguridad Social, pero también que los fallos a la hora de enviar la documentación tardan mucho en ser subsanados por una burocracia que enquista el proceso. El Defensor del Pueblo ya ha reclamado a la Seguridad Social que resuelva las demoras en las citas ante las “incesantes quejas”. Ya presentó una reclamación en agosto y ha vuelto a realizar otra a principios de mes.

Los letrados que trabajan con las organizaciones humanitarias señalan que, a pesar de que el trámite de presentar la documentación parece sencillo, la prestación es mucho más compleja ya que hay muchas situaciones que requieren de una argumentación: compartir habitación, personas que han vuelto a casa de sus padres o que se pida un año de residencia a los extranjeros.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca justifican que se paralice la prestación cuando se detecta un aumento de ingresos para evitar los “pagos indebidos” y que las personas tengan que devolver la ayuda. Sin embargo, aseguran que no se han notificado “errores”.