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Viernes, 8 de julio 2022, 21:25
El Ministerio de Justicia ha licitado las obras para adaptar el antiguo edificio de Fomento en el paseo de Torres Villarroel en sede de varios juzgados mientras dure la reforma del Palacio de Justicia de Gran Vía. Trabajos que se van a alargar durante ... seis meses porque se trata de un inmueble que sufre importantes carencias. Las deficiencias abarcan desde problemas de accesibilidad, ausencia de climatización e incluso falta de presión del agua, que apenas llega a las plantas más altas.
El presupuesto de licitación reservado por el Ministerio asciende a 582.000 euros, que servirán para adecuar cuatro de las siete plantas del inmueble, que serán las que acojan los órganos judiciales y servicios relacionados. El tiempo que tendrá la empresa una vez se adjudique el contrato —proceso que tarda varios meses— y se firme será de seis meses por lo que entra dentro de lo probable que las obras no estén completadas hasta la segunda mitad de 2023.
Actualmente están en uso las plantas cuarta y quinta por las oficinas del MOPU, y en breve se instalarán en las plantas segunda y tercera oficinas de la Confederación Hidrográfica del Duero. Los juzgados, por lo tanto, se ubicarán en la planta primera, sexta y séptima. No obstante, el Ministerio de Justicia reformará también la planta baja para facilitar el acceso, construyendo una rampa que solventa un desnivel de casi medio metro y donde ahora hay unos escalones. La CHD, por su parte, adaptará uno de los dos ascensores del edificio para que personas en sillas de ruedas puedan subir hasta las plantas superiores.
El informe de los técnicos recuerda que se trata de un edificio que, pese a haberse construido en 1980, presenta un estado de avanzado deterioro con suelos inservibles, falsos techos muy bajos (2,30 metros únicamente) y con desprendimientos, instalaciones obsoletas que no funcionan o tabiquería con panelados y mamparas que no se adaptan a las necesidades actuales. También existen problemas de instalaciones, ya que no funciona la climatización en ninguna de las plantas y el abastecimiento de agua no llega con suficiente caudal a los baños de las plantas sexta y séptima. Además, el grupo de presión del sótano es insuficiente y solo abastece hasta la planta quinta.
El planteamiento propuesto por los técnicos es que en la planta primera se ubique el juzgado de Vigilancia Penitenciaria o el segundo de Familia, que todavía no existe pero que empezará a funcionar el próximo 31 de diciembre. La adjudicataria deberá construir en esta planta una zona de espera en su acceso, auxilio judicial de atención al público, zona administrativa, sala de conciliación, tres despachos, aseos, archivo, limpieza y almacén, además del cuarto de instalaciones. En la planta sexta se instalarían la Fiscalía de Menores y equipos psicosociales, distribuyendo el espacio de forma similar a la planta primera. En cuanto a la séptima, acogerá el Juzgado de Menores, con una zona de espera en su entrada, junto al auxilio judicial, la zona administrativa, una sala de conciliación, tres despachos y una sala de vistas, además de dos aseos.
Las empresas interesadas tienen hasta el 26 de julio para presentar ofertas. La apertura tendrá lugar dos días después, el 28, informa el Ministerio.
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