Un informe técnico del Ayuntamiento de Salamanca alerta de la inestabilidad estructural de un bloque con un centenar de viviendas que se encuentra ubicado entre las calles Peña de Francia, Las Batuecas, Candelario y Santa Marta. El requerimiento emitido por la dirección de Urbanismo y Vivienda insta a acometer una serie de medidas inmediatas «para evitar el posible colapso del edificio».
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Los vecinos de esta comunidad denuncian que la realización de unas supuestas obras que se realizaron en un bajo comercial para habilitar la Escuela de Hostelería habrían sido el desencadenante de que tanto las viviendas como las fachadas del bloque se estén agrietando y abombando de forma preocupante, hasta el punto de que algunos inquilinos temen ser desalojados.
Los usuarios más antiguos del edificio detallan a este diario que hace varias décadas ya existieron problemas de grietas que se subsanaron con una serie de reformas, pero que a raíz de las recientes reformas en los bajos es cuando el problema se ha descontrolado claramente.
A la angustia de los vecinos se suma también un problema económico. El Ayuntamiento deja claro que es «absolutamente necesario» ejecutar «labores de estabilización y de seguridad para impedir daños y riesgos a terceras personas y objetos», pero estos trabajos van a suponer un gasto que oscila entre los 80.000 y los 100.000 euros. ¿Quién lo paga?
Los vecinos consideran que el responsable es el propietario del local en el que se habrían realizado obras inadecuadas, pero aseguran que «se ha declarado insolvente y ahora le pasan la factura a la comunidad».
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Es casi seguro que la comunidad vecinal tenga que pleitear con el responsable del local, pero mientras tanto el Consistorio ha hecho un requerimiento de obras con «ejecución subsidiaria a costa de los propietarios».
Comienzo de trabajos
Esta misma semana se han empezado a colocar andamios para iniciar los trabajos y los vecinos ya han sido informados de que tendrían que hacer frente a una cuota extraordinaria de 800 euros cada uno, a pagar desde el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2023.
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El Ayuntamiento entiende que deberá ser un especialista el que determine si las supuestas obras realizadas en la antigua Escuela de Hostelería son las que han dañado la estructura del edificio y aclarar así el conflicto entre los vecinos y el local.
En todo caso, sí reflejan que no están encontrando ningún tipo de colaboración por parte del responsable del local de la Escuela de Hostelería, por lo que procederá a «requerir autorización judicial para el acceso al local de la planta baja en la calle Santa Marta 24 por considerarse técnicamente imprescindible para la determinación del diagnóstico técnico de la situación y poder adoptar una medida definitiva que permita recuperar las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público».
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Poder acceder al local y comprobar si realmente se han derribado muros de carga -como afirman los vecinos- es clave para «determinar las medidas a aplicar que eviten el posible colapso del edificio», recoge el informe técnico de la Dirección de Urbanismo y Vivienda.
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