Dos opiniones opuestas de estos médicos salmantinos sobre la eutanasia

Por fin se ha regulado el derecho a la eutanasia. El pleno de congreso de los diputados del pasado día 17 ponía fin a un camino que parecía interminable. Treinta y seis años hace que se fundó la asociación a la que pertenezco (Derecho a Morir Dignamente). Desde entonces no ha parado de crecer el porcentaje de la ciudadanía que se manifestaba partidaria de esa regulación, hasta llegar casi al 85% en las últimas encuestas. No hay muchos temas en el debate social con semejante grado de acuerdo. Obviamente no es fácil una regulación que reconoce un nuevo derecho, más cuando es un derecho relacionado con la forma de terminar la vida. Pero esas dificultades de orden práctico no parecían ser el freno a una demanda social tan clamorosa. Hemos visto en los últimos años tentativas de textos legales con planteamientos perfectamente válidos que no llegaban a prosperar. Contamos además con la experiencia de países cercanos culturalmente en los que hace años que se reguló la eutanasia sin que ocurrieran las catástrofes que los sectores conservadores predecían. Porque, créanme: no ha ocurrido catástrofe ninguna en Holanda, Bélgica o Canadá y son países transparentes y generosos con sus datos. En España la mayoría parlamentaria ha preferido una regulación que ofrezca aun más garantías de que nadie va a morir por eutanasia en contra de su voluntad. Y ha elaborado la que sin duda es la regulación más garantista en ese sentido de las que existen en el mundo. Ese extra de garantía puede tener un coste: el desarrollo de la ley orgánica va a ser trabajoso. Habrá que crear en un plazo ajustado instrumentos como las Comisiones de Garantía y Evaluación sobre los que no existe experiencia previa y que de ningún modo deben ser ni una quiebra de la intimidad de los demandantes, ni un freno o un retraso en el acceso a su derecho, ni un factor de desigualdad entre las diferentes comunidades autónomas. La ley nos garantiza también que solo se atenderán las demandas estables en el tiempo, meditadas y que no sean producto de una desesperación precipitada. Podemos estar tranquilos.

Pero no todos lo están. Todo parece indicar que seguiremos escuchando críticas basadas no en argumentos sino en expresiones gruesas y en escenarios apocalípticos. Pues la mayor resistencia a la regulación de la eutanasia no es de orden práctico sino de orden ideológico. Tanto si atendemos a la sociometría como si simplemente palpamos el ambiente sociocultural a nuestro alrededor parece claro que la gran mayoría de la ciudadanía siente que cada persona es propietaria de su vida. Propietaria y responsable. Hoy la realidad indudablemente es esa. Y lo es también que la resistencia a la eutanasia es minoritaria pero muy ruidosa. Y por lo que parece, perfectamente dispuesta a retorcer los datos hasta que sangren.

En un país con asistencia sanitaria universal y gratuita el reconocimiento del derecho a la eutanasia supone necesariamente que la ayuda a morir en las condiciones fijadas por la ley ha de incorporarse de inmediato como una prestación más del sistema sanitario. Eso es lo que plantea la ley y ese es el trabajo que toca en los próximos meses, fundamentalmente a las administraciones autonómicas pero también a los ayuntamientos, los agentes políticos y sociales, los medios de comunicación y quienes compartimos el compromiso con el bienestar y los derechos al final de la vida.

Muchos hemos visto morir a personas próximas en medio de sufrimientos que consideraban insoportables, porque en contra de lo que se nos repite con sospechosa insistencia, no siempre se puede conseguir evitar el dolor y el sufrimiento, ni siquiera con los mejores cuidados. Ni la eutanasia se puede entender como una renuncia a los cuidados paliativos ni estos pueden lograr que algunas personas quieran adelantar el fin de su vida para evitar el sufrimiento. La ley lo deja bien claro. Ambos son necesarios en una sociedad avanzada, y no es casualidad que los países que han regulado la eutanasia antes que el nuestro estén entre los que mejores cuidados paliativos ofrecen. Si nos fijamos en la casuística de esos países el porcentaje de personas que solicitan la eutanasia es pequeño. Andaba alrededor de 4% de los fallecidos en Holanda el año pasado. Pero esta no es una ley para unos pocos. Es una ley para una sociedad que crece con ella. Es sin duda una buena ley. Somos una sociedad mejor ahora que la tenemos. El debate “eutanasia no - eutanasia sí” ha terminado. A partir de la publicación de la ley la eutanasia es ya un derecho consolidado. Y en una democracia, los derechos consolidados no se discuten: se ejercen o no se ejercen, libremente. Pero no se discuten.

Lo primero que quiero comentar es que estoy abiertamente en contra de la eutanasia por mi doble condición de médico y de cristiano. Como médico me mueve el propósito de aliviar el sufrimiento del enfermo y de su familia; y, en cualquier caso, estar a su lado. Como católico creo en la inviolabilidad de la vida humana y en el peligro de convertirnos en jueces de quién debe vivir o morir, en un asunto que, como vemos en la ley, tiene tanta carga subjetiva.

Siempre he pensado que los cuidados paliativos no son la alternativa a la eutanasia pues, aún en presencia de ésta, los considero como un derecho fundamental de la persona; y esta simplificación dicotómica puede llevarnos a pensar que, una vez aprobada la ley, los cuidados paliativos ya no son necesarios. Sin embargo, si considero que la atención integral, que propone este tipo de cuidados, debe ser una alternativa viable para los enfermos que sufren.

Creo profundamente en la democracia y he de reconocer que esta ley cuenta con un amplio respaldo parlamentario, por lo que la considero totalmente democrática. Dicho esto, he de incidir en el hecho de que se ha aprobado en un momento en que la sociedad está centrada en la epidemia, relegando al resto de los asuntos a un plano secundario. No sé si esto ha sido intencionado o no, pero ha traído como consecuencia un escaso debate público sobre está iniciativa, lo que, a mi juicio, ha provocado una laguna de conocimiento en la sociedad y probablemente en los propios parlamentarios, en un tema tan complejo que, por sus posibles consecuencias, merece, al menos, una profunda reflexión.

Recientemente escuché a un familiar de un enfermo, al que habíamos sedado horas antes, comunicarle a otro por teléfono: “ha sido ponerle el gotero y al poco tiempo ha fallecido” (estableciendo una relación causa efecto entre la administración del medicamento y el fatal desenlace). Esta persona estaba, sin saberlo, suponiendo que a su familiar se le había practicado la eutanasia cuando en realidad no se había intervenido en el curso de la enfermedad. Esto es un ejemplo del desconocimiento general que hay sobre este tema.

Otro de los objetivos que persigue la ley es garantizar el principio de autonomía, permitir al enfermo que decida sobre su propia vida, pero para que esto se cumpla ha de tener la libertad de elegir entre las distintas alternativas que puedan aliviar su sufrimiento; y más de la mitad de los enfermos terminales de este país no tienen acceso a unos cuidados paliativos de calidad y, en el otro supuesto, las personas con enfermedades incapacitantes no pueden costearse el material y los cuidadores para tener un mínimo de bienestar. A estas personas la única salida que les queda para aliviar el sufrimiento o no sentirse una carga es la eutanasia. ¿Es esto a lo que llamamos principio de autonomía?, ¿no hubiera sido mejor comenzar por dotar a la sociedad de todos los recursos necesarios para intentar aliviar el sufrimiento, antes de plantear el debate en la eutanasia?

La publicación de esta norma abre otros interrogantes que añaden incertidumbre ante lo que puede ser el futuro. ¿Estamos seguros de que sólo se realizará la eutanasia a los casos que prevé la misma? La experiencia acumulada desde la primera ley progresista de Europa, en la Alemania de Hitler, hasta los recientes casos Bélgica y Holanda es que se empieza aplicándola en casos extremos para luego ir cayendo en una pendiente resbaladiza que va limando las medidas restrictivas que contempla la ley, hasta llegar a practicarla, por ejemplo, en niños discapacitados. Una consecuencia de esa pendiente resbaladiza es la pérdida de confianza del enfermo en el médico que lo atiende, ya que no están seguros de cómo reaccionará ante una situación determinada, como una perdida de conciencia. Esto ha provocado en Holanda la huida de multitud de personas mayores, que puedan pagárselas, a residencias alemanas situadas en la frontera.

No se si seré un ingenuo, pero creo que, lejos de la polarización política, los impulsores de esta ley piensan, como nosotros, en lo mejor para el paciente, pero lejos de ser progresista, perjudica sobre todo a los que pretende proteger, que son las personas más desfavorecidas y vulnerables. Mi experiencia es que, desde los Cuidados Paliativos, se puede aliviar el sufrimiento de la mayoría de los enfermos, aunque en algunos casos especialmente difíciles tenemos que recurrir a la sedación. Y, aunque no muchas, he recibido peticiones de eutanasia, sobre todo al inicio del tratamiento, pero en la mayoría de las ocasiones lo que nos están pidiendo no es que les ayudemos a morir, sino que les devolvamos la esperanza de poder engancharse a la vida, para que ésta sea digna hasta el último instante.

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