Víctor Javier Vázquez imparte sus clases de Constitucional como profesor titular de la Universidad de Sevilla, aunque se doctoró en Salamanca. Augura que a partir de ahora va a haber mucha litigiosidad y que el Tribunal Constitucional se juega mucho de su propio prestigio en la sentencia.
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¿Es constitucional la Ley de Amnistía aprobada ayer en el Parlamento?
—La Constitución no prohíbe las amnistías y cabe la posibilidad de que el legislador adopte medidas de gracia. Ahora bien, esta amnistía, que quien tendrá que juzgarla es el Tribunal Constitucional, plantea dos problemas serios de constitucionalidad: uno es su carácter de autoamnistía, es decir que hayan tenido una participación muy directa sus beneficiarios. Y en segundo lugar plantea problemas de arbitrariedad del legislador porque es una medida absolutamente excepcional. Para mí son los dos elementos que ponen en duda la adecuación constitucional de esta ley: la arbitrariedad y el carácter de autoamnistía. Si se hubiera planteado en el programa electoral del partido que lo lleva, hubiera tenido un respaldo de legitimidad diferente, un apoyo parlamentario más transversal como dice la comisión Venecia, es decir si hubiese participado la oposición, obviamente no solo políticamente hubiera significado algo distinto, sino que también creo que tendría una incidencia en su significado jurídico. Una Ley de Amnistía es prácticamente una Ley Constitucional.
¿Va a servir para normalizar la vida en Cataluña, como dice el Gobierno?
—Es muy probable que sí. Creo que eran necesarias medidas de gracia respecto a lo ocurrido en el procés. Pero las medidas de gracia no solo tenían que normalizar Cataluña, sino integrar a todos los españoles y esa segunda parte de la ecuación no se ha cumplido. Ahora mismo la concordia entre españoles, el «procés español», es consecuencia de cómo se ha planteado esta Ley de Amnistía. Eran necesarias medidas de gracia, pero si quieres concordia primero se tiene que llevar en el programa electoral. No puede decir el propio ministro de Justicia que inequívocamente es inconstitucional la amnistía y a los quince días acusar a la oposición de ser antidemocrática porque no participa favorablemente en una ley que él ha dicho que es inconstitucional. Se han hecho las cosas muy mal y por lo tanto, la concordia política, que es a la que tienen que servir este tipo de leyes, no se va a lograr, aunque la normalización en Cataluña se va a conseguir, como se ha visto en la elecciones. Pero no en el resto de España.
¿Y a partir de ahora qué va a ocurrir?
—Pues yo creo que va a haber una gran litigiosidad constitucional.
¿No cuestiona a los jueces que juzgaron a los protagonistas del procés?
—No. Los jueces y magistrados aplicaron como ellos consideraron el derecho vigente y las Cortes Generales deciden que es necesario llevar a cabo una medida de gracia, pero no cuestiona su actuación.
¿En qué puntos puede resultar contraria al derecho comunitario?
—No me atrevo a decir.
¿El tema de la malversación?
—Va a plantear más problemas domésticos, que europeos. Entre otras cosas porque creo que las autoridades europeas ante una medida de este tipo dejan un margen de apreciación muy amplio a las autoridades nacionales. En una amnistía política los órganos de las instituciones europeas son tendentes a ser deferentes con las autoridades nacionales. Que cuestionen una amnistía política las instituciones europeas me parece complicado. El tribunal Constitucional español es sobre quien recae ahora la tarea de una buena sentencia. Es quien tiene que tomar la determinación de si una amnistía política muy amplia, porque se están amnistiando muchos delitos en un periodo de tiempo muy amplio, ha sido pactada con sus beneficiarios a cambio de un favor político que es la investidura. Es uno de los elementos que debilitan la legitimidad constitucional de esta amnistía y habrá que atenerse a ver lo que dice el Tribunal Constitucional, que se juega mucho de su propio prestigio en esta sentencia.
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¿Cuándo veremos a Puigdemont pasearse por España?
—Eso no lo sé. La aplicación de la ley no es inmediata. Tendrán que ser los jueces los que planteen la cuestión de constitucionalidad. Los efectos de esta amnistía una vez que ha estado vigente yo creo que van a ser muy pocos. Una vez aprobada la Ley de Amnistía creo que sus efectos ya son muy difíciles de paralizar. Esto hay que asumirlo.
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