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En 2018 la Consejería de Educación propuso al colegio Juan del Enzina de Salamanca un nuevo método para enseñar Matemáticas que ayudase a tumbar las barreras a las que se enfrentaban sus alumnos, algunos de ellos en situación de vulnerabilidad social. A través del sistema «Jump Math», se implantaron en todos los cursos unas «Mates» sin deberes, en las que no hay que memorizar tablas de multiplicar y se puede sumar con los dedos, un sistema más amable para abordar sin miedo la asignatura. Es uno de los ejemplos que se pueden encontrar ya en Castilla y León de esa enseñanza «socioafectiva» de las Matemáticas que plantea el plan de choque de Pedro Sánchez para reforzar esta materia tras el desastre de los resultados de España en el informe PISA. La Junta ya viene aplicando este modelo que quiere impulsar el Gobierno desde hace años, tal vez, por ello, esta Comunidad despuntó en PISA y se situó a la cabeza no solo del país sino de toda la UE en Matemáticas, Ciencias y comprensión lectora. En cualquier caso, el plan de 500 millones con el que Sánchez pretende beneficiar a 4,7 millones de alumnos de tercero de Primaria a cuarto de la ESO ha sido recibido con prudencia por la comunidad educativa de Salamanca.
Al margen de criticar que la iniciativa se haya planteado sin consultar antes a los representantes de los docentes, CSIF y ANPE, sindicatos más representativos de los docentes no universitarios de la provincia, dan la bienvenida a que se plantee una reducción de las ratios de alumnos por clase y aumento de contratación del profesorado, pero consideran que se trata de un «parche», de una iniciativa «un poco coja», que no da solución a problemas estructurales. UGT Salamanca insiste en que toda inversión en educación siempre es positiva y ve en el plan del Gobierno una vía para ofrecer una enseñanza más personalizada. Aún así, desde este sindicato, Brenda Melero, remarca que el «desdoble», el aumento de plantilla de profesores, no debe limitarse solo a las competencias de comprensión lectora y matemáticas, sino también a otras asignaturas.
«Habría que estudiar bien cómo se reparten los 500 millones de euros en los que se ha cifrado el coste del plan, ya que parece difícil que con esa cuantía se pueda beneficiar, como se pretende, a cerca de 5 millones de alumnos, es decir, a casi 200.000 grupos. El número de docentes que se tendría que incorporar resultaría insuficiente con esa dotación, máxime cuando con esa cifra se pretenden abordar más objetivos», destacaba ayer el presidente provincia de ANPE, Guillermo Bueno. Entiende que se debían haber tomado medidas «mucho antes» y que el «problema es estructural», por lo que es necesaria «una profunda reforma del sistema educativo desde el consenso político», mediante un acuerdo de mínimos en el que se escuche al profesorado. Por ello, ve «insuficiente» el plan para «paliar las carencias» de educación.
Por su parte, la presidenta del sector educativo de CSIF en Castilla y León, Isabel Madruga, arremetía este martes contra el hecho de que se haya lanzado este plan sin haber convocado previamente la Mesa Sectorial. «Damos la bienvenida a que se hable por primera vez de bajada de ratios e incremento de plantilla. Debe producirse en todas las áreas educativas y no solo circunscrito a materias concretas». Si ANPE pide «coordinación» con las autonomías a la hora de aplicar este plan, CSIF solicita también un control para que los gobiernos regionales destinen los fondos a los objetivos planteados. Madruga pide «concreción» en las medidas que se van a adoptar e insiste en la importancia de bajar las ratios al considerar que es la vía para «la mejora de rendimientos y del clima en el aula». La representante de CSIF deja claro, eso sí, que el anuncio, dado el contexto en el que se hizo, «suena a promesa electoral» e insiste en que «no sería de recibo que, aunque Castilla y León tenga mejores resultados en PISA, se quedé sin parte de esos fondos.
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