El problema de la vivienda en Salamanca continúa complicándose aún más. Hace menos de un mes los datos del Ministerio del Interior evidenciaban un incremento de un 60 % en un solo año de las okupaciones ilegales de viviendas de Salamanca. En una provincia en la que no son habituales, los casos de allanamiento y usurpación llegaron a ser 32 en 2024, un 40 % más que en el ejercicio anterior. Se trata de la cifra más alta registrada en, al menos, la última década y media. Ahora es la estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la que muestra un aumento de los lanzamientos practicados o, lo que es lo mismo, de los desalojos. El pasado año casi se duplicó la ejecución de los desahucios ordenados por los juzgados al pasar de los 87 contabilizados en 2023 a 166. Además, ese incremento del 91 % en los casos, que no solo afecta a viviendas sino también a otro tipo de inmuebles, es el más elevado registrado en toda España.
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No hay una provincia de todo el país que se acerque a este aumento. La segunda mayor subida es en Cantabria, de un 70,2 %, y la media española se sitúa en un 3,4 %. No obstante, las cifras del pasado año no son excesivamente elevadas si se comparan con 2022, cuando fueron 178 los lanzamientos. Todo apunta, por tanto, a que en 2023 se produjo una ralentización de algunos procesos que estaban en marcha en la provincia.
Casi dos tercios de los lanzamientos que se produjeron en la provincia se derivaron de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Frente a los 66 desalojos a inquilinos morosos que el CGPJ contabilizó en la provincia durante 2023, el pasado año se elevaron a un centenar, con lo que vuelve a cifras similares a las de 2021 y 2022. Según un reciente informe del Observatorio del Alquiler, en Salamanca la deuda media de los inquilinos morosos asciende a 4.846,62 euros. Sería la cuantía correspondiente a algo más de medio año de alquiler teniendo en cuenta que la renta media que se pagaba el año pasado en la provincia, según la misma fuente, ascendía a 792 euros.
Proporcionalmente el aumento es superior en los desalojos derivados de ejecuciones hipotecarias, es decir, de procedimientos iniciados por los acreedores, habitualmente bancos, para cobrar las cuotas que el propietario de un inmueble adeuda. La tendencia a la baja de este tipo de procedimientos que se detectó en 2023, se rompió el pasado año en el conjunto de España, donde aumentaron un 18,3 %. Así, en Salamanca en los tribunales se ingresaron 111 ejecuciones hipotecarias, un 29 % más que en el ejercicio anterior (86). Y los lanzamientos derivados de este tipo de procedimientos casi se triplicó al pasar de los catorce de 2023 a 39 en 2024.
A estos desalojos por impagos de alquiler y de hipoteca, se sumarían otros 27 lanzamientos derivados de otro tipo de procedimientos, como pueden ser los vinculados a okupaciones.
Hay que recordar que en dos semanas, el 3 de abril entra en vigor la nueva «Ley antiokupas». Conforme a una enmienda del PNV que fue aprobada, modifica el artículo 795.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que tanto los delitos de usurpación como los de allanamiento de morada se tramiten por el procedimiento abreviado de los procesos judiciales. Así, frente al periodo de entre cuatro y nueve meses que tardaban en llegar a juicio este tipo de casos, ahora el objetivo sería que se resolviesen en quince días. En estos casos no será necesario hacer un estudio de vulnerabilidad de los okupas, por lo que el desalojo se realizará de forma inmediata una vez que haya sentencia.
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