En poco más de un mes entrará en vigor la reforma legal que agiliza los desahucios en casos de ocupación ilegal de viviendas mediante allanamiento de morada o usurpación. Con esta reforma incluida en la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia se espera poner freno a un fenómeno que no ha dejado de crecer en la última década y media: las okupaciones. En Salamanca se han multiplicado por seis desde 2010. Solo en el último año las denuncias ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por los delitos de usurpación y allanamiento de vivienda han aumentado un 60%. De hecho, esta es la quinta provincia de España en la que más han aumentado, según los datos del último año recogidos en el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior.
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En la última década, son más de 200 las viviendas de Salamanca que, con violencia o intimidación, han sido okupadas por personas que no eran sus propietarias o que se han instalado en ellas en contra de la voluntad de sus dueños. En 2024 fueron 32 los casos que se pusieron en conocimiento del Cuerpo Nacional de la Policía y de la Guardia Civil, un importante repunte respecto al año anterior, cuando se contabilizaron una veintena. Se rompe así la tendencia de descenso que parecía haberse iniciado en 2023.
Pese a este importante incremento anual, solo superado en las provincias de Ávila, Lugo, Palencia y Guipúzcoa, Salamanca continúa siendo uno de los territorios del país en los que menos okupaciones de viviendas se producen. En ello insisten los expertos del sector inmobiliario y lo corroboran las cifras de la Secretaría de Estado de Seguridad. Frente a los catorce allanamientos y usurpaciones de inmuebles —5.077 al año— que cada día se denuncian en Barcelona, en Salamanca se produce uno cada once días. Eso sí, las cifras son todavía más bajas en otras once provincias: Soria, Teruel, Melilla, Zamora, Palencia, Ceuta, Ávila, Cuenca, Cáceres, Orense y Segovia.
Los casos denunciados el pasado año ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad fueron un 40% más de los que estos llegaron a esclarecer (23). Y por los delitos de usurpación, para el que el artículo 245 del Código Civil contempla hasta dos años de cárcel y multa de hasta seis meses, y de allanamiento, que puede llevar hasta cuatro años de prisión, los agentes de la Policía y del Instituto Armado detuvieron el pasado año a cinco personas. Si bien es cierto que fueron más que en 2022 (2) y 2023 (3), se nota un importante descenso en las cifras respecto a años anteriores. En 2021 fueron doce; en 2019, quince, y en 2018, once.
Interior ofrece datos de los hechos denunciados, pero esta estadística no permite calcular el número real de viviendas okupadas que existen en la provincia, algunas de las cuales se encuentran en manos de entidades financieras o fondos de inversión a las que no les urge desalojarlas. Por su parte, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el conocido como «banco malo», explicó el pasado enero a este periódico que parte de los 171 inmuebles de los que dispone en esta provincia están okupados, aunque no precisó cuántos.
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