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Este viernes ha prometido el cargo ante Felipe VI y Salamanca ya le ha puesto muchos deberes para los próximos cuatro años. El reelegido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 'adeuda' más de 60 millones de euros en obras a la provincia, dos frecuencias más de Alvia a Madrid, la conexión con Portugal por Alta Velocidad y una apuesta decidida por la recuperación de la Ruta de la Plata. No se trata de ningún proyecto nuevo, sino de compromisos ya asumidos que no ha logrado completar en los cinco años que lleva en La Moncloa y que, en algunos casos, ni siquiera se han llegado a iniciar pese a contar con importantes partidas económicas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de los últimos años.
La principal de las reclamaciones de la provincia al Gobierno central no figura en los capítulos de inversiones. No es ya la cuarta frecuencia diaria del Alvia Salamanca-Madrid, que permanece suspendida desde marzo de 2020, sino la quinta que ya se exigía antes de la covid. La pandemia también sirvió como excusa para eliminar las conexiones ferroviarias con Lisboa. Si bien el Ejecutivo de Sánchez ya ha dejado claro su nulo interés en recuperar los trenes-hotel, un informe de la Unión Europeo le ha urgido a agilizar la conexión por alta velocidad Madrid-Oporto a través de Salamanca. A todo ello se suma la reivindicación que realizaron el pasado 4 de noviembre las principales instituciones y partidos salmantinos, incluido el propio PSOE: la recuperación del tren Ruta de la Plata antes de 2040, un proyecto cuya magnitud exigiría empezar a trabajar ya en él.
Vinculadas precisamente a la deuda que el Estado tiene con Salamanca en conexiones ferroviarias se encuentran las obras de electrificación de la línea Salamanca-Fuentes de Oñoro. Aunque la previsión era que se hubiesen concluido a principios de 2021, apenas han avanzado en los últimos tres años y, según la última información aportada en el Congreso de los Diputados, aún faltarían cerca de 20 de los 141 millones de euros por ejecutar. Incluso las previsiones más pesimistas, recogidas en los PGE, determinan que esta infraestructura debe estar acabada en la legislatura que ahora empieza, antes de 2027.
En los Presupuestos del Estado de 2018 aparecieron consignados por primera vez fondos para el nuevo enlace de Buenos Aires. Frente a los 32 millones de euros en los que se estimó entonces la mejora de la conexión de las autovías A-62 y A-66, el presupuesto se ha reducido a 11,3 millones. Y durante los cinco años que lleva Sánchez en Moncloa, el Ministerio de Transportes no ha logrado emprender la obra. Continúa redactando un proyecto alternativo que no dañe las pinturas y grabados prehistóricos de La Salud. Tampoco en cinco años el Ministerio de Cultura ha emprendido los trabajos para levantar en Tejares los depósitos del Centro Documental de la Memoria, una infraestructura cuyo coste el Gobierno fija en 14,6 millones de euros y para la que el Ayuntamiento cedió un solar en 2009. El pasado mayo el Ejecutivo central pidió licencia de obra y este año hay disponibles 300.000 euros para empezar la obra, pero no hay noticias de que pueda emprenderse. Pendiente está Carbajosa de la Sagrada también de la instalación de la nueva pasarela (546.448 euros).
El 31 de agosto el CSIC formalizó el contrato para la construcción de la nueva sede del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología (IRNASA) en la zona de La Platina. Son 11,8 millones de euros que, si no hay retrasos, deben ejecutarse en año y medio. También, a través del CSIC, el Gobierno tiene pendiente convertir la Casa de María la Brava en Casa de la Ciencia con una inversión de 200.000 euros. Un compromiso que el Gobierno asumió en 2021 y que aún no ha cumplido.
En cinco años, tampoco el Ministerio de Justicia ha logrado poner en marcha la reforma del edificio de la Audiencia Provincial. Si bien se están ya acondicionando espacios alternativos como sede provisional de los juzgados, la reforma del Palacio de Justicia de Gran Vía que el Gobierno de Mariano Rajoy estimó en más de 4,6 millones de euros todavía no tiene fecha de inicio, aunque en los PGE el Ejecutivo se comprometía a comenzarla este año.
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