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Domingo, 23 de junio 2024, 11:10
El catedrático de Derecho Tributario, experto en materia de financiación autonómica, asegura sin titubeos que el plan «singular» para financiar a Cataluña es inconstitucional. «Un disparate», dice.
¿Qué quiere decir una financiación singular como ha prometido el presidente para Cataluña?
—Pues creo que quiere decir lo que está diciendo: que le va a dar un trato de favor, especial y distinto al que se le da a la mayoría de las comunidades. En España tenemos la desgracia de padecer ya un sistema de financiación singular para el País Vasco y Navarra, que resulta de la disposición adicional primera de la Constitución que reconoce los derechos históricos de esos territorios. Y como resulta que esos territorios tuvieron un régimen fiscal especial allá por el siglo XIX, fruto de las guerras carlistas, y para firmar la paz se les reconoció esa especificidad. ¡Ya ha llovido!, pero ahí siguen aferradas a eso para tener un régimen fiscal especial, que es un privilegio absoluto. O sea, un régimen que no tiene un pase a día de hoy, es una cosa anacrónica y decimonónica y que tiene lo más dañino que puede tener un sistema de estos, que es el perverso efecto emulación. Es decir, que como ven que eso existe dicen yo también lo quiero: ¿por qué Navarra y el País Vasco sí y yo no? Bueno, pues esto es el problema de Cataluña.
Dice el candidato del PSOE a la Generalitat que Cataluña es la tercera en aportar recursos al Estado y la décimo cuarta en recibirlos.
—Parece mentira que un responsable político de esta altura cometa esas imprudencias. Primero, porque efectivamente los impuestos los pagan los ciudadanos, las personas físicas, las personas jurídicas, las empresas, no los territorios. Y segundo, porque evidentemente la esencia del sistema tributario y del sistema de financiación autonómica también, es que donde hay más riqueza se transfiere más dinero por razón del principio de solidaridad, que es esencial, y se recibe menos. Lo contrario sería una locura: ¿cómo van a recibir más los que más tienen y menos los que menos tienen? Sería una cosa insólita, inaudita, sea uno más o menos de izquierdas o de derechas, es algo que no tiene un pase. Parece mentira que un responsable político de esta altura, socialista además, que debería ser un paladín del principio de solidaridad, haga este tipo de declaraciones.
Castilla y León reclama que se tenga en cuenta mucho más en el reparto de los fondos la despoblación y la dispersión geográfica.
—El sistema tiene en cuenta las variables fundamentales, que son: la población a secas, población asistida por la sanidad, población asistida por la educación y población asistida por los servicios sociales, que son los tres grandes gastos públicos que concentran el 80 % . A partir de ahí hay otras variables de menor entidad que hay que tener en cuenta, como son, por ejemplo, la superficie, la dispersión y la despoblación. Castilla León hace muy bien en reclamar que tengan más peso. Sí es cierto que superficie y dispersión tienen que contar algo más que lo que cuentan ahora, que tienen unos porcentajes raquíticos en la distribución y en una Comunidad con 93.000 km², que es la más grande de Europa, como Castilla y León, es evidente que cuesta más prestar los servicios, sobre todo los dos importantes, sanidad y educación. Hacer que un anciano recorra para ir al médico 200 kilómetros no tiene un pase y tiene el mismo derecho a la atención sanitaria que todo el mundo. Y lo mismo ocurre con los colegios de los niños. Y eso yo creo que no está insuficientemente contemplado en el sistema de financiación actual.
¿Por qué no se ha acometido la reforma del actual modelo de financiación?
—Porque no hay acuerdo. Tenemos a los señores catalanes que van a lo suyo y las demás comunidades, con buen criterio, dicen que no. No está previsto en la Constitución ningún sistema de financiación singular. Sólo está previsto desgraciadamente que se respeten los derechos históricos de los territorios forales, derechos históricos que habría que acomodar a la propia Constitución porque lo que no puede ser es que, sobre la base de derechos históricos, que son constitucionales, se revienten otros derechos y otros principios constitucionales que son la igualdad y la solidaridad.
¿Si el Gobierno le concediera una financiación singular a Cataluña vulneraría la Constitución?
—Claro que sí, se vulneraría absolutamente porque la Constitución no prevé en modo alguno sistemas de financiación específicos, más que los de País Vasco y Navarra, que habría que retocar y ajustar extraordinariamente. No podemos hacer 17 regímenes de financiación específicos para las comunidades. Evidentemente es imposible sostener un sistema de financiación en el que los impuestos, básicamente y con pequeñas diferencias sean los mismos, los contribuyentes sean los mismos, las aportaciones de los ciudadanos sean las mismas y que la financiación por habitante para atender la sanidad, la educación y los servicios sociales sea distinta. No puede ser, es inconstitucional manifiestamente.
¿Se atreverá el Gobierno a darle más dinero a Cataluña?
—Con este Gobierno que tenemos se puede esperar cualquier cosa porque son francamente atrevidos y temerarios. Y como dependen de la presión de los separatistas son capaces de ceder. Ya hemos visto que son capaces de ceder en cosas absolutamente inasumibles como la amnistía y esto es un corolario de la amnistía. Que luego sea aplicable... ya lo veremos, porque desde luego habrá recursos de inconstitucionalidad, tantos como comunidades, porque están todas en contra, incluidas las gobernadas por socialistas. Es un disparate.
¿Hay una guerra fiscal entre las comunidades autónomas?
—Hay más ruido que nueces en todo esto de la guerra fiscal si uno mira realmente las piezas importantes del sistema tributario, que son IRPF, Sociedades y el IVA. Sociedades y el IVA son absolutamente iguales en España, gracias a Dios, y el IRPF, bueno, a pesar de lo que pregonan y presumen los responsables políticos, las diferencias son muy pequeñitas y esto vale también para la Junta de Castilla y León. Las diferencias de la cuota, se agradecen, pero son minúsculas. Igual que en Madrid. En todo esto hay más ruido que nueces. En el tema del Impuesto de Sucesiones creo que la guerra está causada porque el impuesto está muy mal diseñado. No hay mayor riqueza gravable que la que se obtiene sin dar un palo al agua. Antes de quitar Sucesiones habría que quitar el IRPF de la renta del trabajo, que es la que se gana sudando. La de Sucesiones se ganan sin dar un palo al agua. Pero lo que no se puede es este disparate que tenemos ahora en España, que cada comunidad autónoma hace lo que le da la gana. Cuando el Gobierno habla de armonizar hay que echarse a temblar, porque en vez de armonizar lo que hace es poner otro más oneroso. Bonificaciones sí, pero hombre, dentro de unos márgenes no de 0 a 99, porque es un disparate.
Las comunidades que aplican bonificaciones aseguran que lo hacen para atraer inversores y afirman que una subida de impuestos no significa que se recaude más.
—Tratar de jugar con los impuestos para traer inversiones me parece que es una maniobra peligrosa cuando no temeraria. O sea, eso de dar ayudas fiscales para que se establezcan aquí y no ahí es jugar con fuego. Aparte de que en muchos casos son inconstitucionales. Habría que fundamentarlas de alguna manera, justificar que aquí sí y aquí no. En fin, a mí me parece que eso es una competencia fiscal que muchas veces es desleal y dañina.
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