CSIF pide que se resuelva de inmediato el caso Muface y pide mejores salarios para los funcionarios

Más de medio millar de funcionarios se concentraron a mediodía de de este jueves ante la subdelegación del Gobierno en Salamanca, apoyando la convocatoria de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que mantiene -así- su presión ante el Gobierno y las aseguradoras, para que el próximo 4 de marzo, cuando acaba el plazo de la tercera licitación, el acuerdo de Muface pueda ser una realidad, «poniendo fin a una crisis y a una polémica que nunca se tenía que haber producido».

Aunque se ha «aplazado, de momento, la huelga prevista para hoy porque el Gobierno ha movido ficha y ha terminado con el inmovilismo de los últimos meses, hay que estar en alerta hasta el final», insisten desde CSIF, que destaca la firmeza que ha tenido en este asunto, «doblando el brazo al Gobierno» para exigir la continuidad de un modelo asistencial creado hace cincuenta años porque los funcionarios carecían de la cobertura sanitaria pública que disfrutaban los demás trabajadores. «No es un privilegio sino un derecho», subraya este sindicato independiente en palabras de su presidente provincial, Federico Martín.

Pero la exigencia y vigilancia va dirigida tanto hacia los responsables políticos como a las aseguradoras, a las que ha denunciado ante la Fiscalía General por no atender adecuadamente a los mutualistas, cancelando citas, retrasando tratamientos o, incluso, anulando intervenciones quirúrgicas. CSIF pide que se convoque el Consejo General de Muface para analizar estas situaciones.

La concentración también sirvió para denunciar la actitud «intolerable e impresentable» que está mostrando el Gobierno con los empleados públicos tal y como expresó el propio Federico Martín. CSIF exige el abono inmediato de la subida salarial pendiente del 0,5% correspondiente a 2024; así como negociar el incremento para 2025, la oferta pública de empleo y la jubilación parcial. Esta organización sindical independiente aplaude la subida de las pensiones y del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pero remarca que no se puede «olvidar» a los empleados públicos.