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Una tasa «específica, diferenciada y no deficitaria que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real» de todo el proceso de recogida y tratamiento de los residuos. Es lo que la Ley 7/2022 exige que cumplan las entidades locales a los tres años de su aprobación, es decir, desde el próximo mes de abril. Al tener una tasa específica por recogida de basura desde hace décadas, el Ayuntamiento ya cumple varias de las condiciones exigidas por la norma nacional promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez, como son el hecho de que sea específica y diferenciada. Para que deje de ser deficitaria, el concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, ya anunció este viernes una subida anual de 29,12 y 24,64 euros al año —7,28 y 6,16 euros al trimestre, respectivamente— para las viviendas. Si pagan la tasa más elevada o más baja no se determina en función de criterios medioambientales, como plantea la Unión Europea, sino en función de una clasificación de calles que se establece conforme a parámetros de distancia al centro, densidad comercial y condiciones de urbanización y recogida en la ordenanza número 100. Así, los inmuebles residenciales en vías incluidas entre las categorías primera y cuarta pagarán 4,71 euros más al año que las de la quinta a la séptima. En definitiva, se grava a los pisos céntricos situados en calles comerciales y urbanizadas o, más bien, que estaban bien urbanizadas hace casi dos décadas.
Qué hogares pagan más o menos no se establece, por tanto, en función de los residuos que generan, como reclama que se haga la directiva europea. La Subdirección General de Tributos Locales del Ministerio de Hacienda ha aclarado a la Federación de Municipios y Provincias que la Ley 7/2022 «no impone la obligación taxativa de exigir una tasa totalmente individualizada» para cada contribuyente, de tal forma que cada uno pague por lo que contamine. Sin embargo, sí precisa que las entidades locales «deberán incorporar gradualmente elementos que tengan en cuenta el comportamiento de los ciudadanos en la generación de residuos, siendo admisibles junto a los sistemas que ya permiten una individualización de la cuota, otros que contemplen reducciones o incentivos a determinados comportamientos».
El Ministerio plantea reducciones en la tasa a los ciudadanos que acudan a los puntos limpios, participen como voluntarios en programas voluntarios de compostaje, así como subir o bajar la cuota a aquellos barrios que más residuos generen o más reciclen. Y propone como criterios para fijar las cuotas tener en cuenta el uso de cada inmueble, los residentes que viven en él, su valor catastral, su superficie o ubicación. Parámetros, por otra parte, no muy alejados de los que aplica el Ayuntamiento, que además tiene tasas diferentes para hoteles, tiendas de alimentación, restaurantes, salas de espectáculos o cines, comercios, despachos profesionales y aparcamientos, entre otros. Por otra parte, a partir de 2026, el Gobierno de Carlos García Carbayo quiere subir o bajar un 5 % la tasa, en todas sus categorías, en función del aumento o disminución de los residuos y así como de las fracciones reciclables en el conjunto de la ciudad del Tormes y sin discriminación por barrios.
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