Sin criterio de la Junta y el Ayuntamiento en el uso que se hace de la Plaza Mayor

El uso del principal monumento de Salamanca es tan arbitrario que instalar en él un tipo de mobiliario se exige autorización, mientras que otro se tolera sin más. En unas ocasiones, el Ayuntamiento se parapeta en la Comisión Territorial de Patrimonio y en otras ni la consulta para autorizar actividades en la Plaza Mayor, escudándose en el reglamento que aprobó en 2015 para autodesignarse administración competente a la hora de decidir qué espectáculos puede albergar. Una normativa tan laxa que igual sirve para permitir que para prohibir la misma actividad.

Las estructuras que más impacto visual tienen en la Plaza son las casetas de las Ferias del Libro, tanto de la que se celebra en mayo como la de noviembre. No son pocos los que critican que estos puestos se coloquen año tras año en el ágora, pero el Ayuntamiento nunca se ha atrevido a trasladar estos certámenes a otros espacios y evitar así el impacto que generan. De hecho, es una de las actividades permitidas en el «relajado» reglamento de uso. Sin embargo, ni la ponencia ni la comisión territorial de Patrimonio han autorizado nunca las casetas que sirven de puntos de venta de los libros. Tampoco han «llamado la atención al Ayuntamiento» por la colocación de unas instalaciones que «okupan» la Plaza durante más de 20 días, entre lo que duran ambos certámenes y el tiempo que tardan en el montaje y el desmontaje.

Consciente de la situación, de las críticas y de la mala imagen que causan en los turistas que visitan cada año la ciudad atraídos por un monumento mundialmente conocido, el actual alcalde, Carlos García Carbayo, prometió en 2019 que nunca más coincidirían con ningún puente. Sin embargo, la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión que se celebra la primera quincena de noviembre, sigue coincidiendo año con el festivo de Todos los Santos y con la festividad de la Almudena, patrona de Madrid y en la que aprovechan muchos madrileños para hacer una escapada a Salamanca. También la Feria del Libro de mayo ha coincidido en años anteriores con un puente muy turístico, especialmente para los madrileños, al estar las casetas instaladas el 15 de mayo que es San Isidro, fiesta en Madrid.

Para no perjudicar a los turistas, el Ayuntamiento también llegó a decidir acortar la Feria del Libro Antiguo y pasarla de 15 a 9 días para minimizar el daño visual hasta que los certámenes se llevasen a la plaza de Los Bandos, una vez que esté reformada, algo que no parece que se vaya a hacer realidad a corto plazo.

Ni el cambio de fechas para no coincidir con los puentes festivos ni el traslado a otro lugar alternativo se han cumplido: las feas casetas siguen «okupando» buena parte del año el monumento, como también lo hacen los grandes escenarios que se colocan para los conciertos de las Ferias y Fiestas de septiembre, el Fàcyl o el Fin de Año Universitario, por citar solo algunos ejemplos de instalaciones que causan un gran impacto visual en el monumento.

Ninguno de los escenarios que se coloca en la Plaza con motivo de las diferentes actividades culturales o festivas cuenta con la autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio, ni tampoco desde ella se ha lamentado del daño que pueden ocasionar.

El reglamento aprobado en 2015 para poner un poco de orden en las actividades que se pueden realizar en la Plaza Mayor no ha servido para cumplir el objetivo. Trataba de proteger el monumento, pero se han seguido celebrando grandes conciertos, cuyos decibelios nadie se ha preocupado de medir durante años ni tampoco de evaluar el deterioro que producen en la obra de Churriguera.

El grupo municipal Vox ha contabilizado un grado de «okupación» de la Plaza Mayor y afirma que es superior a dos terceras partes del año, entre el montaje y desmontaje de las Ferias y Fiestas —que ahora con el Festival de Folklore comienza a finales de agosto— y demás actividades culturales o festivas.

«Se prohibe la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones e instalaciones aparentes y aquellos elementos que impidan o menoscaben la apreciación del bien dentro de su ámbito de protección». Es el artículo 50.b de la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León —antes artículo 41 de la anterior normativa de 2002—. Y es el que ha esgrimido este otoño la Ponencia Técnica de Patrimonio Cultural para prohibir que los hosteleros de la Plaza Mayor puedan volver a instalar los cortavientos en sus terrazas. Las mamparas transparentes dificultan, según el órgano de la Junta de Castilla y León, la visión del monumento. Resulta contradictorio emplear este argumento cuando cada año se instalan decenas de casetas en las dos ferias del libro, escenarios para conciertos, decoración navideña y otras instalaciones que, por sus grandes dimensiones, impiden en mayor medida «una apreciación correcta del BIC dentro de su entorno».

Lo cierto es que el Ayuntamiento de Salamanca no pide permiso a la Comisión de Patrimonio de la Junta para colocar ninguno de esos elementos en el ágora y así no hay opción de divergencia de criterios ni denegación de permisos. No obstante, a la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca sí se le exige, como a cualquier ciudadano, pedir autorización a la administración autonómica. El carácter móvil y temporal de las estructuras que levanta el Consistorio en la Plaza para los diferente certámenes, espectáculos o conciertos no serviría de excusa, puesto que los cortavientos de las terrazas también los son. No solo tienen ruedas y son retirados diariamente, como las mesas y las sillas, sino que además no se instalan durante todo el año, sino solo durante los meses más fríos. Ciertamente el reglamento de uso de la Plaza da carta blanca a la celebración de ferias del libro y conciertos de Fiestas en el monumento, pero esto no implica que las estructuras concretas para cada uno de estos eventos no tengan que ser autorizadas por Patrimonio.

Por otra parte, la Ponencia Técnica de Patrimonio esgrime que la autorización de los cortavientos en las terrazas en marzo de 2021 fue de «carácter excepcional, temporal y transitorio» por la pandemia de la covid y que, tras varias prórrogas, se fijó el 31 de mayo de 2024 como fecha tope improrrogable para su instalación. Ante ello, el Ayuntamiento se limita a aceptar la decisión de la Junta de Castilla y León.