«El comportamiento ilegal del Ayuntamiento es propio de un estado policial. La actuación de los agentes está al margen de derecho»

Ante las inspecciones que la Policía Local está haciendo de noche —en ocasiones, incluso después de las doce— y en fin de semana a los pisos turísticos de Salamanca, como publicó este lunes LA GACETA, las dos asociaciones que representan al sector han expresado su indignación y preocupación. Creen que vulneran la Constitución.

La Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Castilla y León (Avatcyl) anuncia batalla. Está dispuesta a acudir a “todas las instancias y jurisdicciones posibles” para frenar lo que considera un “atropello contra los turistas y contra los propietarios de las viviendas”. Defiende que “el comportamiento ilegal, abusivo, del Ayuntamiento es más propio de un estado policial que de un estado democrático”. “La actuación de la Policía Local está completamente al margen del derecho. Incluso llegan a pedir la reserva a los alojados cuando los policías locales no tienen competencia para el Registro de viajeros y no pueden interrumpir ni molestar a los viajeros”. Tanto los apartamentos turísticos como las viviendas de uso turístico gozan, según aseguran, “de la protección constitucional de la inviolabilidad del domicilio del artículo 18 de la Carta Magna, y así lo ha declarado el Tribunal Constitucional con jurisprudencia constante y consolidada”.

Ante ello, el Consistorio mantiene, por su parte, que la ordenanza permite la realización de estas inspecciones, y que estos inmuebles no son domicilios particulares desde el momento en el que se realiza una actividad económica en ellos. Frente a esos argumentos, los propietarios remarcan que “estos alojamientos gozan de dicha protección, al igual que las habitaciones de hotel, y constituyen el domicilio de los huéspedes mientras están alojados”. “Las viviendas ocupadas por los alojados, contratadas para su estancia y descanso, tienen la consideración del domicilio mientras las ocupan y no pueden ser molestados ni inquietados, y mucho menos por la Policía Local que no tiene competencia para ello”, añaden.

En esa línea, Avatcyl ha pedido a todos sus afiliados que identifiquen a través de las placas a todos los agentes de la Policía Local que “perturben, amenacen o molesten a propietarios y alojados, sin ninguna causa justificada, para su denuncia correspondiente”. “Extraña que un Ayuntamiento democrático se comporte de esta manera autoritaria, más propia de un régimen dictatorial, utilizando la fuerza y los uniformes para crear una sensación general de miedo y amenaza, al tiempo que cobra muchos más impuestos por las viviendas que visita”, incide. La asociación entiende que los agentes cumplen ordenes directas de sus responsables. Ante ello, llega a pedir “con toda firmeza” la dimisión del concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel Molina Martínez, “por utilizar a la policía local para amedrentar a los turistas, violando un derecho constitucional”.

Por su parte, la Asociación de Empresarios de Salamanca de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Aesvat) ha remitido una carta al alcalde, Carlos García Carbayo, solicitándole una reunión urgente. La presidenta, Teresa Majeroni, expresa la “profunda preocupación y malestar generalizado entre los socios respecto a las recientes actuaciones de la Policía Municipal, que se ha personado a horas inadecuadas en diversos pisos turísticos de nuestra ciudad”. “Consideramos desproporcionadas las intervenciones realizadas, acudiendo la Policía de manera intimidatoria a estos domicilios, en horario de nocturnidad y con una posible violación del artículo 18.2 de la Constitución que protege la inviolabilidad del domicilio”.

Ante ello y después de haber solicitado una reunión previa con el concejal de Fomento y no haber obtenido respuesta, reclama un encuentro con el Gobierno municipal para clarificar los criterios y procedimientos utilizados en las inspecciones y actuaciones policiales, evaluar el impacto de estas medidas en la imagen y economía del sector, y analizar propuestas de colaboración entre el Ayuntamiento y la asociación para desarrollar un marco regulatorio justo y equilibrado que beneficie a todas las partes implicada.

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