Cómo anticiparse a la urgencia social en Salamanca

En el año 2013, la Junta de Castilla y León reguló mediante un decreto las prestaciones económicas destinadas a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social. Estas ayudas, dirigidas a atender de forma temporal a aquellas personas que no pueden hacer frente a gastos específicos por sus propios medios, fueron recogidas por la Diputación Provincial que aprobó el reglamento regulador de la misma en situaciones de urgencia social en municipios de la provincia de Salamanca con población inferior a los 20.000 habitantes.

Según afirma Eva Picado, diputada de Bienestar Social, Familia y Juventud de la institución salmantina, “las políticas conjuntas que la Junta y Diputación llevan a cabo pretenden favorecer y apoyar a las personas que más lo necesitan. La apuesta de Diputación es muy importante en cuanto a partida presupuestaria, pero hemos de alabar la disposición de la Junta también”.

Durante el pasado año, 2021, se recibieron un total de 468 solicitudes presentadas por 380 personas y se concedieron 416 por un importe de 418.551,10 euros, “en 2022 las ayudas tendrán un presupuesto de 1 millón de euros, y es gracias a que la Junta ha aumentado también la partida presupuestaria”, afirma Picado. La zona de acción social en la que más solicitudes se tramitaron fue en Alba de Tormes, un total de 73, le sigue Salamanca Rural Norte y Las Villas con 64 peticiones y Peñaranda con 60. En el resto de zonas, las solicitudes quedaron por debajo de 60.

De los datos totales se desprende que en 95 municipios de los 361 de la provincia reside algún titular de las prestaciones económicas que se solicitaron (26,31% del total de municipios). En cuanto al perfil de personas solicitantes, el mayor porcentaje corresponde a mujeres (un 63,42%) y el resto, un 36,58%, fueron hombres. Destacan las peticiones procesadas de parte de mujeres de 45 a 54 años y de hombres de 55 a 64.

El mayor número de solicitantes pertenece a los colectivos de familias (41,05%), e inmigrantes (17,89%). Los colectivos de minorías étnicas, mujeres y otros, representan 8,42% cada uno. El perfil de las 340 personas a los que se les concedió la ayuda el pasado año es similar al de los solicitantes, centrándose el tramo de edad de 45 a 54 años, siendo la edad media de 47 años.

Hay además cuatro líneas de acceso a estas prestaciones que fueron la ordinaria, la extraordinaria por insolvencia hipotecaria, la dirigida a apoyar a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad social y las dirigidas a las personas y familias para atención en domicilios de menores, personas dependientes o con discapacidad que debieron guardar confinamiento a causa de la pandemia.

La mayor parte de las prestaciones fueron de carácter ordinario, es decir, las concedidas para necesidades básicas de la vivienda, un total de 272. Se trata de las ayudas dirigidas a abonar las facturas de electricidad, agua, gas, etc. Eva Picado afirma que “lo más importante es sin duda la anticipación, puesto que debido a la pandemia, la Diputación asume que habrá más familias que tengan dificultades para pagar la factura de la luz”.

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