Con solo once alumnos matriculados, el colegio Nicolás Rodríguez Aniceto, el único público del barrio de Pizarrales, comenzó a preparar hace más de un mes su cierre definitivo al concluir este curso. Tras comunicárselo al personal del centro, hace una semana la Dirección Provincial de Educación, con Ángel Morín a la cabeza, comunicó de forma oficial a la junta de personal docente no universitario de Salamanca su intención de integrar este colegio con el CEIP Gran Capitán, ubicado en el Barrio Blanco, así lo confirman fuentes de los sindicatos ANPE, CSIF, UGT y CCOO. De esta forma, en las instalaciones de la calle La Moral se dejarían de dar clase y los niños matriculados en ese centro se trasladarían en septiembre al centro de la calle Río Tajo. De hecho, con tres votos a favor, dos abstenciones y otro en contra, los representantes de los trabajadores aprobaron este jueves una alegación en la que, ante lo que parecía el irremediable cierre del colegio, reclamaba a la Junta que se garanticen y protejan los derechos de los trabajadores del centro. Pero, cuando profesorado, inspectores y sindicatos daban ya por hecho el cierre definitivo del centro, y después de un comunicado de CCOO y UGT rechazando su clausura, la Consejería de Educación, a cuyo frente se encuentra Rocío Lucas, no solo negó rotundamente a este periódico que el Rodríguez Aniceto se vaya a fusionar con el Gran Capitán, sino que descartó el cierre del primero pese a que la previsión es que el próximo curso tenga aún menos alumnos. El equipo de Rocío Lucas desautorizó así a su director provincial, Ángel Morín, remarcando que, salvo que se quede sin niños, la Junta mantendrá abierto el colegio de Pizarrales el próximo curso.
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Este curso el colegio Nicolás Rodríguez Aniceto cuenta solo con 11 alumnos. Según ha explicado Educación a la junta de personal, de ellos solo siete acuden con una cierta asiduidad a las clases, mientras que los otros cuatro faltarían de forma habitual. Por otra parte, el próximo septiembre cuatro de los niños que estudian en el centro tendrán que abandonarlo para ir al instituto ya que iniciarían la Secundaria Obligatoria. Ante este desolador futuro, la junta de personal reclamó el jueves en un comunicado “la no integración y la dotación de recursos materiales y humanos suficientes e implementación de programas para poder revertir la situación” en la que se encuentra actualmente el centro. Critican que el cierre del colegio es un “menoscabo para la educación”. UGT y CCOO van más alla y lo califican de “atentado”. “Debido a las características socioeconómicas del barrio donde se encuentra ubicado, la desaparición del centro supone un grave perjuicio para la comunidad educativa. Al tratarse del único centro público que permanece en funcionamiento en el barrio de Pizarrales, su desaparición ataca a la libertad de elección de las familias de llevar a sus hijos a un centro público cercano a su lugar de residencia”, denuncian los representantes de los trabajadores, que rechazan la pérdida de puestos de trabajo (música, primaria, pedagogía terapéutica y audición y lenguaje) que esta integración de centros supondría. No obstante, según el compromiso que asumió este jueves el equipo de la consejera Rocío Lucas, con independencia de los planes de Morín, el colegio iniciará un nuevo curso el próximo septiembre.
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