La CHD, una administración obsoleta que dilata los proyectos y no resuelve

Las inundaciones de Valencia han puesto de relieve los conflictos y las dificultades cuando al ciudadano o a cualquier otra administración le toca gestionar con las confederaciones hidrográficas, que es el organismo encargado de autorizar o emitir informes sectoriales para realizar cualquier actuación en zonas de policía de aguas.

La DANA que azotó al Levante no ha hecho más que aflorar un problema continuo que ya existía antes de la tragedia de Valencia. «Las confederaciones son una rémora, una administración anacrónica», afirman ayuntamientos, ingenieros y empresarios. Las quejas más frecuentes son que no contestan y que no resuelven los problemas.

Es la única administración pública que interpreta que su silencio -interminable para los administrados porque es capaz de paralizar cualquier proyecto urbanístico o económico- es negativo. En el resto, se suele interpretar el silencio administrativo positivo, que significa que la falta de decisión de la administración pública frente a peticiones o recursos presentados por los ciudadanos tenga efecto como si la autoridad las hubiera resuelto de manera favorable.

Empresarios y ayuntamientos como el de Salamanca, Santa Marta o Ciudad Rodrigo, por nombrar solo los mayores, se quejan de que tropiezan con unos tiempos de respuesta inmensos. De todos los informes sectoriales que se requieren para un proyecto -de Medio Ambiente, de Carreteras, etc...-sin duda alguna el que más se dilata es el que tiene que emitir la Confederación Hidrográfica del Duero.

Para plantar o cortar árboles, construir una edificación, nivelar terrenos, hacer cualquier movimiento de tierras, realizar un pequeño embalse, extraer áridos o levantar una simple valla, es necesaria la autorización previa si se encuentra en el cauce de un río, riachuelo o regato. Para realizar cualquier tipo de construcción en zona de policía de cauces se exige la autorización previa del organismo de cuenca, incluso en el caso de que el correspondiente plan de ordenación urbana o normas urbanísticas hayan sido informados por este organismo. Aun así, los ayuntamientos se quejan de que en la mayoría de los casos cuando entra una solicitud en una administración local, vuelven a pedir autorización a la Confederación Hidrográfica del Duero para evitar sanciones, a pesar de que el proyecto se vaya a demorar.

Son además la autoridad de la Confederación Hidrográfica del Duero quien tiene la última palabra a la hora de permitir levantar una edificación en una zona inundable y también es este organismo el que realiza las prescripciones técnicas que tiene que cumplir el proyecto urbanístico para poderse llevar a cabo.

Las inundaciones han puesto en el punto de mira este tipo de construcciones, que en algunos casos además se autorizaran con sótanos y aparcamientos subterráneos, según denuncia el científico del CSIC, Fernando Valladares. Los responsables de la CHD mantienen que desde el año 2016 el Reglamento del Dominio Público Hidráulico detalla aquellos usos que no pueden ser autorizados en las zonas inundables como centros escolares o sanitarios, residencias de mayores o de personas con discapacidad, centros comerciales o garajes.

Pero la dilación de las solicitudes que se requieren para llevar a cabo cualquier obra, por pequeña que sea en los cauces, no es el único punto negro de la CHD.

Desde hace años los ayuntamientos tienen un conflicto abierto por las competencias en materia de limpieza de los cauces. El choque ha llegado a los tribunales.

El Procurador del Común ha tramitado decenas de quejas por la existencia de una disputa sobre las competencias que corresponden a cada una de las administraciones públicas en lo referente a las actuaciones que deben llevarse a cabo en los cauces de los arroyos o ríos situados en zonas urbanas. Los ayuntamientos estiman que esa labor la deben llevar a cabo las confederaciones hidrográficas, mientras que estas consideran que deben realizarlas las corporaciones municipales, eso sí previo permiso del organismo de cuenca. Con la llegada de las lluvias, son frecuentes las inundaciones y desbordamientos de arroyos provocando daños.

Sin embargo, los ayuntamientos en numerosas ocasiones ni siquiera tienen recursos para acometer estos trabajos y más en una provincia como la de Salamanca en la que hay 365 municipios, la mayoría menores de 5.000 habitantes.

El Procurador del Común, incluso ha pedido a las diputaciones provinciales que presten asistencia técnica y financiera para que las corporaciones locales menores de 20.000 habitantes puedan realizar estas labores. El problema con el que se encuentran los ayuntamientos es que, además, es que es la Confederación quien tiene que autorizar los trabajos de limpieza, permiso que se dilata tanto que, paradójicamente, si actúan sin esperar, en muchas ocasiones reciben la correspondiente sanción.

• Temas
• Agricultura
• Agua
• Confederación Hidrográfica del Duero