Cerco a los pisos turísticos

En los últimos dos meses el Ayuntamiento de Salamanca ha efectuado 131 inspecciones de pisos y apartamentos turísticos en la ciudad. A estos se sumarán otros 88 controles «que ya están preparados», según señaló este viernes el concejal de Fomento, Fernando Carabias, durante el pleno ordinario, una sesión en la que los asuntos de la vivienda estuvieron muy presentes desde el principio hasta al final.

En relación a los alojamientos, Carabias también avanzó que el Consistorio ya tiene preparado el texto de la ordenanza que regulará la actividad en la capital, una vez que finalizado el plazo de exposición pública el pasado 1 de junio y que se han registrado las aleaciones correspondientes.

«Ahora vamos a presentar el documento conforme a la ley y a la incorporación de las propuestas y sugerencias, que siempre enriquecen el texto si se encuentran dentro de la normativa, porque algunas son contrarias», explicó el edil, después de que el socialista Álvaro Antolín le reprochara que ya debía estar listo el borrador de la ordenanza.

Carabias, por su parte, garantizó que próximamente se informará y abrirá el debate tanto en al Comisión de Fomento como en la de Policía, para ponerse en marcha en julio.

El responsable informó de las novedades tras la pregunta de Antolín sobre el número de apartamentos y pisos turísticos sin licencia en la ciudad: en la categoría de alojamientos individuales solo hay 8 con licencia municipal, a las que se suman las de 12 edificios exclusivos, ámbito en el que se ha desestimado una licencia.

No obstante, y a pesar de estas cifras tan bajas de autorizaciones municipales hasta la fecha, la colaboración entre el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León continúa para determinar cuántos de los 516 pisos y apartamentos turísticos dados de alta en el Registro de Turismo cumplen con las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca, un documento que entre otros aspectos prohíbe este tipo de actividad en pisos superiores al primero.

Carabias incidió durante el pleno en que si bien estos alojamientos cumplen con los requisitos exigidos por turismo en cuanto a medidas de seguridad, dimensiones y servicios, por ejemplo, lo que exigirá la nueva ordenanza serán obligaciones desde el punto de vista urbanístico.

El problema que se ha generado en toda España por el boom de pisos turísticos no es más que una consecuencia de la nueva Ley de Vivienda, según Carabias, que defendió una moción para que se retirara esta normativa en favor de acciones para lograr pisos a precios asequibles.

La normativa impone un índice de precios «sin tener en cuenta la realidad de dónde se tiene que aplicar y sin un estudio de impacto». La reducción de la oferta y el incremento de precios es para el edil la consecuencia de un año de entrada en vigor de la nueva ley, «que se suma al incremento de un 58% de los pisos turísticos que se achacan a los ayuntamientos pero que es responsabilidad de la ley estatal que no se ajusta a criterios de sentido común ni responden a las necesidades de los ciudadanos». Antolín también exigió un Plan Municipal de Vivienda con el fin de crear un «debate de fondo» para aportar soluciones a la escasa oferta del mercado.

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