«No tenemos conocimiento oficial por parte del Gobierno, pero estamos acostumbrados por parte de este Gobierno a enterarnos de sus intenciones por los medios de comunicación«. Con estas palabras, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha señalado tras el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León de este jueves que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no había informado al Ejecutivo regional de su intención de convertir el antiguo edificio de la residencia de mayores de San Juan de Sahagún en un centro para alojar hasta 448 inmigrantes. «Nos hemos enterado por parte de la prensa de que el Ministerio quería abrir en Salamanca un centro con más de 400 personas migrantes, cosa que con la normativa sería inviable», ha apuntado.
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Tras la publicación en LA GACETA de los planes del Ejecutivo de Sánchez para el complejo de la carretera de Aldealengua, la Junta ha remitido una carta al Ministerio informándole que, conforme a una orden que aprobó el pasado 7 de noviembre, como ya informó este periódico, no se puede abrir ese centro sin autorización previa de la administración autonómica. Además la capacidad de estos centros está limitado a un máximo de 120 personas, con lo que el número de inmigrantes que Inclusión quiere alojar en el edificio de Puente Ladrillo excedería con mucho los límites permitidos en esa normativa.
«Si hablamos de política migratoria, el Gobierno no tiene una política migratoria y se lo llevamos reclamando mucho tiempo. Es necesario un control de fronteras, es necesario poner medidas encima de la mesa, es necesario actuar en los países de origen. Por contra, el Gobierno recurre siempre a la imposición y recurre siempre a las cesiones a sus socios», ha indicado la vicepresidenta. «El verano pasado el Gobierno quería imponer en Castilla la Mancha, precisamente en el aeropuerto de Ciudad Real, que acogiera en barracones a personas inmigrantes procedentes en este caso de Canarias, procedentes de esos países. Ante esa situación que, como les digo, nos tiene acostumbrado el Gobierno de España, de una imposición de enterarnos de las cosas, como en el caso de Salamanca, por los periódicos, sin que haya una negociación, sin que haya una comunicación, dictamos desde la Consejería de Familia y dentro de las competencias que tenemos la orden de autorización y puesta en marcha de los centros para personas vulnerables«, añadió Blanco.
Por otra parte, la consejera ha añadido que en Castilla y León «se atiende a todas las personas con dignidad, se atiende a todas las personas con una atención de calidad y eso es lo que se pretende con esa orden, que los servicios que se presten, en este caso, a las personas migrantes, tienen que ser de calidad, tienen que ser dignos». «Se limita el tamaño, efectivamente, a 120 personas por centro, dentro de lo que se está haciendo con todos los centros de la comunidad, de personas mayores, de discapacidad… Se apuesta por las viviendas, se apuesta por intentar la integración de las personas, se apuesta por darles los mejores servicios», ha explicado durante la rueda de prensa. «En esa orden también se pone de manifiesto que los municipios donde vayan estas personas tienen que tener los servicios sociales, tienen que tener los CEAS, por ejemplo, para facilitar su integración social, tienen que tener un centro de salud para facilitar esa asistencia sanitaria», ha añadido.
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