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Ya han pasado catorce meses desde que el Ministerio de Justicia creó el Juzgado de lo Social número 3 de Salamanca. Para poder ubicarlo en el saturado edificio de la plaza de Colón, la Gerencia Territorial se vio obligada a poner en marcha un auténtico «tetris» reubicando salas tanto en estas instalaciones como en el viejo Palacio de Justicia de Gran Vía y en el reformado edificio del antiguo MOPU en Torres Villarroel. Aun así, estos cambios fueron tan solo una solución provisional, ya que el departamento que dirige Félix Bolaños es consciente de que necesita más espacio. Por ello, el Ministerio lleva meses buscando un local en el que poder unificar los tres juzgados de lo Social de Salamanca y liberar así despachos en el inmueble de Colón. Después de haberse descartado varias opciones, Justicia parece decidida a llegar a un acuerdo con los propietarios del local de Ara Moda para convertirlo en una nueva sede de tribunales.
Tras 64 años de historia, el emblemático comercio situado en el número 11 de la calle Pozo Amarillo anunció el pasado año que cerraría sus puertas a principios de 2025 por la jubilación de su actual dueño, José Ángel Angoso. Ante esta noticia, el Ministerio puso sus ojos en este céntrico local, que, conforme a los datos catastrales, suma casi 1.100 metros cuadrados con sus tres plantas —sótano, baja y entreplanta—. Diferentes fuentes judiciales confirman que Justicia está negociando con los dueños de este inmueble, aunque, al preguntarle por este asunto, el departamento que dirige Bolaños prefiere guardar silencio. Lo cierto es que el acuerdo todavía no se ha llegado a materializar, pero las mismas fuentes apuntan que se encuentra en una fase mucho más avanzada que con cualquiera de las alternativas que se han descartado en pasados meses.
Hace más de año y medio que Justicia busca un local amplio y céntrico para reubicar en él la jurisdicción Social. La primera opción que barajó fue la antigua sede de la Cámara Agraria, en el paseo de Canalejas. que se encuentra ahora en manos de la Junta de Castilla y León. No obstante, esta opción tuvo que ser descartada porque el inmueble solo puede destinarse a fines vinculados al sector primario dado que la administración autonómica no se mostró favorable a una desafección.
La reticencia a pagar un alquiler llevo al Ministerio a buscar espacio en instalaciones de la administración estatal. Se tanteó así la posibilidad de aprovechar parte del edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social, en Canalejas, según apuntan fuentes judiciales. Sin embargo, se le exigía a Justicia el pago de un alquiler que no estaba dispuesto a abonar. En la misma línea, se puso sobre la mesa reubicar las tres salas en la antigua sede de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, hoy sede de la Delegación de Hacienda y la Gerencia Territorial del Catastro, en la plaza de la Constitución. Justicia visitó también un local de 550 metros cuadrados de la plaza de Colón. Pero ninguna de estas alternativas fructificó y las esperanzas se han depositado ahora en el inmueble de Pozo Amarillo.
Los Presupuestos Generales del Estado en vigor fijan en 2025 el fin de las obras de reforma del antiguo Palacio de Justicia de Salamanca. Un compromiso imposible. Lo cierto es que esta remodelación que se prolongará durante más de un año no solo no ha empezado, sino que ni siquiera se ha licitado. Las cuentas estatales de 2023, dos años prorrogadas, establecen que a estas alturas el Ministerio a cuyo frente se encuentra Félix Bolaños debería haber acometido ya trabajos por importe de más de 3,5 millones de euros —el coste total del proyecto ascendería a 8,2 millones— para mejorar la accesibilidad del edificio de Gran Vía en el que se encuentra la Audiencia Provincial. De momento, no se ha invertido ni un euro directamente en esta intervención.
No obstante, si finalmente se materializa el acuerdo para unificar los juzgados de lo Social en el local comercial de la calle Pozo Amarillo, donde todavía está Ara Moda, se liberará un espacio en el edificio judicial de la plaza de Colón que facilitará la reforma del edificio de la Audiencia Provincial. Si bien este tribunal se trasladará al edificio contiguo durante las obras, que ya está listo para ello, el resto de órganos judiciales que se encuentran en Gran Vía también deberán ser reubicados. Disponer de despachos libres en Colón ayudará, sin ninguna duda, en el nuevo «tetris» de juzgados que conllevarán las obras comprometidas hace 18 años y todavía no iniciadas.
Según la última información que facilitó el Ministerio, antes de acometer las obras de la Audiencia Provincial los trabajadores tendrán que ser trasladados a las oficinas del edificio anexo, pero de momento no se les ha notificado cuando se realizará esta mudanza. Hay que tener en cuenta que, una vez que se liciten los trabajos, habrá que esperar meses antes de que puedan iniciarse.
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