Poco antes de la medianoche y en fin de semana, tres policías locales interrogaban e identificaban a una familia en un piso situado en la tercera planta de un edificio de la calle Bolívar. Sus miembros no habían cometido ni sido testigos de ningún delito. Estaban en Salamanca de visita y habían reservado esa vivienda en una conocida plataforma de alojamientos turísticos, pero cuando se disponían a entrar en ella para descansar, los agentes, con los que habían subido en el ascensor, les aseguraron que era «ilegal». Los clientes se asustaron y dejaron que la Policía entrase en ella antes. Cuando pudieron meterse en la cama era ya cerca de la una de la mañana, según relata la propietaria del inmueble, que recibió un whatsapp de madrugada en el que sus clientes le expresaban su preocupación y pedían explicaciones. Es solo una de las 102 inspecciones que el Ayuntamiento de Salamanca ha realizado en el último mes con la intención de cerrar los alojamientos turísticos sin licencia municipal que siguen operando en la capital después de la entrada en vigor de la nueva ordenanza el pasado 12 de diciembre. Aunque por ahora solo los inspecciona y no ha obligado a cerrar ninguno. Si a mediados de enero, era el portavoz del Grupo Socialista, José Luis Mateos, el que se quejaba porque el Consistorio estaba haciendo «la vista gorda» con estos establecimientos, ahora son los propietarios de las viviendas los que protestan por la agresiva campaña policial.
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El Ayuntamiento no lo niega. Defiende las actuaciones que lleva a cabo para acabar con los alojamientos que, aunque estén dados de alta en el registro de la Junta de Castilla y León, carecen del permiso que exige la nueva normativa local. Hay que recordar que las asociaciones Avatcyl y Aesvat de empresarios y particulares que poseen pisos turísticos han recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para que tumbe la ordenanza, al considerar que «cambia las reglas del juego a mitad de partido» y trata de ilegalizar viviendas de uso turístico que estaban en funcionamiento con permiso autonómico.
Ante las quejas de los propietarios de que las visitas de los agentes «se hacen a deshoras», fuentes del Gobierno municipal insisten en que las inspecciones se concentran en las noches de fin de semana porque es la única forma de localizar a los huéspedes, que pasan la mayor parte del día fuera, y de demostrar que, pese a carecer de la autorización municipal, los inmuebles siguen operando como alojamientos turísticos. Los agentes solicitan datos a los clientes y, en ocasiones, también a los vecinos con ese mismo objetivo.
Propietarios de estos pisos denuncian a LA GACETA que la Policía Local no pueden entrar en sus pisos sin su permiso o una orden judicial. No obstante, el Gobierno municipal esgrime que esos inmuebles no se están usando como viviendas, sino que en ellos se ejerce una actividad económica. Y les rebate con los artículos 21 y 23 de la nueva normativa municipal, que recogen, por un lado, que «la Policía Local, de oficio o como consecuencia de alguna denuncia, llevará a cabo actuaciones de inspección para verificar el cumplimiento de esta ordenanza» y, por otro, que « los titulares, gerentes o responsables legales, encargados o empleados de los establecimientos y sus usuarios vendrán obligados a permitir el acceso a los mismos de los miembros de la Policía Local y los Servicios Técnicos Municipales competentes con objeto de comprobar el cumplimiento de los preceptos contenidos en la presente ordenanza».
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Fruto de esta agresiva campaña de inspección centrada principalmente en aquellos inmuebles dados de alta en el registro de viviendas de uso turístico de la Junta pero que carecen del permiso municipal, así como del seguimiento que se está haciendo de los anuncios en plataformas digitales, el Ayuntamiento ha abierto 323 expedientes. Veintiuno de ellos son de ejecución forzosa. Son los que afectan a pisos que siguen operando como alojamiento turístico pese a que la administración local les denegó su autorización por carecer el inmueble de las condiciones exigidas por la ordenanza. Muchos se encuentran, por tanto, en plantas superiores al primer piso en edificios de uso residencial. Estos procedimientos derivarán, en su mayoría y tras un plazo de alegaciones, en sanciones a los propietarios. Por otra parte, ha incoado otros 302 expedientes de restitución, que persiguen la regularización de inmuebles que, pese a estar dados de alta en el registro autonómico, no han presentado en el Consistorio la documentación que se les pide ni solicitado la correspondiente licencia ambiental. Pueden, por tanto, cumplir las condiciones para ejercer esa actividad, pero el Ayuntamiento les pide regularizarse.
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¿Devolución de la tasa de basura?
Pese a que la nueva ordenanza establece que solo pueden operar como pisos turísticos aquellos inmuebles que, además de estar dados en el registro de la Junta, cuenten con la declaración de conformidad del Ayuntamiento, el Consistorio cobró en 2025 la tasa de basura que se aplica a hoteles a apartamentos turísticos a los que la normativa les impide seguir operando, por ejemplo, por estar en plantas superiores al primer piso en edificios de uso residencial. Al margen de que sigan o no ejerciendo esa actividad, se les ha cobrado un tributo más elevado que si fueran simples viviendas. Fuentes del Ayuntamiento mantienen que así se ha hecho con aquellos inmuebles que no se hubiesen dado de baja el 1 de enero en el registro autonómico de viviendas turísticas. Pese a lo contradictoria que pueda parecer esta actuación y pese a las quejas de los propietarios, el Consistorio defiende que solo debe reintegrar el dinero si se le ha cobrado esa tasa a algún piso que se dio de baja en el registro en 2024 y así lo demuestra en el Oager.
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