Casi 5.000 multas impuestas en Salamanca, en el aire por su posible inconstitucionalidad

Casi un año después, el Estado solo ha cobrado 974 de las 4.764 sanciones por infracciones cometidas en la provincia de Salamanca durante el primer estado de alarma.

Así, solo uno de cada cinco denunciados a los que se le ha notificado la multa la ha pagado, según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno. Sin embargo, los procedimientos incoados son casi dos mil menos que las denuncias por incumplir las restricciones que contabilizaba el Ministerio del Interior a mediados de junio del pasado año, cuando informó de 6.526 propuestas de sanción y 45 detenidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales de los municipios de la provincia.

Una diferencia para la que, de momento no hay explicación oficial, pero que podría deberse a los multas que quedaron sin tramitar. Ahora, la validez de todos esos expedientes está en el aire. El Tribunal Constitucional sopesa anular las multas dictadas entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020 al considerar que algunas de las restricciones de movilidad, como el confinamiento domiciliario, que afectaban a derechos fundamentales no están amparadas por el estado de alarma y que el Gobierno debía haber optado por el de excepción.

En el pleno del próximo 22 de junio, el TC tiene previsto debatir, según informa EFE, el proyecto de sentencia del magistrado Pedro González-Trevijano sobre el recurso en el que Vox planteó la incostitucionalidad del primer estado de alarma. El contenido de esta ponencia, que ha adelantado El Español, estima que el artículo 7 del decreto sobre el estado de alarma —que establecía la limitación de la movilidad de las personas y las excepciones a esta restricción— es inconstitucional al exceder el marco legal de esta figura, y que para aplicarlo hubiese sido el estado de excepción —solo éste permitiría suspender los derechos recogidos en el artículo 19 de la Carta Magna—. No se pone en cuestión la necesidad de aplicar medidas como las que se adoptaron para combatir la pandemia, sino el instrumento que se empleó para hacerlo, que no permitiría una suspensión generalizada de derechos fundamentales.

Así, de contar con el apoyo del pleno del Constitucional, esta resolución supondría con carácter retroactivo e inmediato la anulación de los sanciones, los procedimientos o las sentencias derivadas de ese artículo. En el caso de Salamanca, estarían en juego los 4.763 expedientes incoados.

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