«Son personas humanas. Por eso pedimos que se agilicen los trámites de legalización», ha clamado en la mañana de este miércoles la presidenta de Cáritas Salamanca, Carmen Calzada, en relación a la regularización de los inmigrantes.
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Ha asegurado que este es uno de los principales problemas del colectivo, que el año pasado supuso el 40% de los atendidos por la organización en la provincia.
Calzada ha lanzando la petición durante la firma del convenio entre Cáritas Salamanca y el Ayuntamiento para financiar la actividad de cuatro de sus programas. En este contexto, la presidenta de la entidad ha indicado que sin regularizar, estas personas no pueden acceder a las ayudas de instituciones y a un trabajo estable, «aunque tengan capacidades y estudios para ello».
Así, según ha señalado, quedan abocados a mantener su actividad en la economía sumergida.
«La media para que una persona regularice su situación son tres años en este momento», ha indicado Calzada. «Muchos inmigrantes se incluyen en un sistema de acogida nacional muy potente en el que están protegidos si salen caen en una situación de irregularidad sobrevenida y necesidad de apoyo», ha añadido.
Este es uno de los obstáculos más importantes con los que se topan los «muchísimos» inmigrantes en situación ilegal que pasan por Cáritas, pero la organización tiene gestionar más situaciones muy complejas.
«El problema es el arrastre de los problemas a la familia y a los niños», ha explicado Calzada, así como el problema «serio» de vivienda en la ciudad.
«Tenemos casos de familias con niños que viven en una habitación porque no pueden pagar un alquiler«, ha explicado. Esto genera falta de estímulo, de integración y un ambiente no apto para los niños. «Es absolutamente necesario incrementar las plazas de vivienda social».
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A este respecto, el alcalde, Carlos García Carbayo, ha recordado que la red de vivienda social del Ayuntamiento exige cuantías «testimoniales» en algunos casos y que, cuando alguna de las viviendas se quedan vacías, «se acondicionan para ponerlas a disposición de los Servicios Sociales del Ayuntamiento» para que se usen como alquiler social.
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