Las agresiones que reciben los funcionarios de prisiones han aumentado en España en los últimos años. A mayores se suman otras problemáticas que guardan relación con este incremento de violencia: la falta de trabajadores en las cárceles, no ser reconocidos como agentes de la autoridad y un colapso de la sanidad penitenciaria con un déficit de médicos.
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En Salamanca, el centro penitenciario de Topas, que alberga 840 internos e internas incluyendo el Centro de Inserción Social (CIS) de Zamora y el de Salamanca, representa una de cada dos agresiones a funcionarios. Según los datos aportados por el sindicato Acaip-UGT, en los diez últimos años- de 2014 a 2023-, los trabajadores sufrieron 3.106 agresiones en el territorio nacional y 284 en Castilla y León, de las cuales 66 se registraron en la cárcel de Topas, la segunda con una cifra más elevada después de la palentina con 85 agresiones desde el año 2014. En tercer lugar se situaría la de León, con 33.
En 2023 la prisión salmantina registró 9 agresiones, convirtiéndose en una de las tres con más incidentes de este tipo junto a Dueñas, con 20 y León con 10. La violencia sufrida por los funcionarios de la Comunidad aumentó un 26% al pasar de los 45 casos (en 2022) a los 57 el año pasado. Por su parte, en España estas situaciones incrementaron un 12% pasando de 453 a 508 respectivamente.
A estas cifras se une un «grave» problema de personal y un déficit de médicos. Por eso los trabajadores lanzan un grito de ayuda ante las vacantes sin cubrir. El 27% de los puestos de trabajo en Topas están vacantes. Según las cifras de Acaip-UGT a septiembre de 2023, tendría que haber 643 funcionarios, pero hay 175 vacantes. Asimismo, las ocho prisiones de la Comunidad deberían albergar 2.982 funcionarios y hay 746 vacantes. En España deberían estar en activo 24.004 y existen 3.182 vacantes, un dato que representa el 13% del total.
«Deberíamos ser cinco funcionarios por departamento teniendo en cuenta que un departamento posee dos módulos, y solemos estar uno por módulo. Esta problemática se tapa con trabajadores en prácticas que vienen a aprender, pero aún así en ocasiones no damos a basto», explica Ignacio Hernández, secretario general de Acaip, que añade su denuncia para recoger, a efectos legales, el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de instituciones penitenciarias.
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«Ser declarados como agentes de la autoridad aportaría más seguridad jurídica al trabajo que realizamos y se evitaría esa desprotección. Recordemos que los atentados son castigados con penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra la autoridad», sugiere Ignacio Hernández.
Por otro lado, según las mismas fuentes, la falta de médicos incide en la atención que reciben los internos y en la seguridad de los centros. Los facultativos en prisión tienen una importancia vital para su normal funcionamiento, pues deben atender a los internos a su ingreso y hacer una valoración clínica y cribado para evitar problemas de salud pública en el interior, como brotes de enfermedades infecciosas o parasitarias.
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Además, es imprescindible una detección precoz de enfermedades mentales y una correcta administración de fármacos, según los sindicatos, no se trata solo de la atención médica al recluso, sino que los médicos intervienen en muchos aspectos regimentales y de tratamiento de las personas privadas de libertad.
El pasado verano, apunta Ignacio Hernández, la cárcel de Topas tenía un solo médico. «Esto ocasiona un colapso sanitario y, por consiguiente, un aumento de la agresividad ya que al menos el 30% de los reclusos recibe algún tipo de medicación psiquiátrica. Eso sumado a que son los sanitarios los que barajan el aislamiento del recluso, se convierte en la pescadilla que se muerte la cola».
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