El Ayuntamiento de la capital asumirá como propias todas las propuestas que lanzó el pasado domingo el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dentro del «plan de choque» para mejorar el acceso a la vivienda. El documento incluye la declaración responsable como título habitable para las licencias de primera ocupación de pisos terminados; un catálogo de suelo público disponible para la construcción; otorgar licencias de nueva edificación en menos de tres meses tras los que, si no se ha concedido, debería operar el silencio positivo; y bonificaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), entre otros. En realidad la ciudad ya aplica descuentos en el IBI del 90% a las familias numerosas y a las que tienen bajos ingresos que, además, sean pensionistas o jubilados, tengan reconocido un grado de discapacidad superior al 33%, estén en situación de desempleo y además tengan a personas dependientes a su cargo. La bonificación ya es del 50% en pisos de protección oficial y en los que tengan sistema de aprovechamiento térmico.
Publicidad
Ahora bien, según las asociaciones de empresas de construcción Aconsa y Aescon, lo que supondrá un paso adelante será la concesión de licencias de edificación para inmuebles de nueva planta en tres meses. «Eso nos viene muy bien, en Salamanca se conceden las licencias rápido, pero en otros municipios tenemos que esperar hasta un año», valora el presidente de Aescon, Manuel Prieto, mientras que el responsable de Aconsa, Javier Tamames, considera que la reducción de tiempos y burocracia «siempre es positiva». A esto se suma el largo periodo para desarrollar suelo, desde que se aprueba en cualquier Ayuntamiento hasta que pasa por la Comisión de Urbanismo y se emiten los informes, entre ellos los de la CHD.
Aún considerando que las medidas podrían suponer un beneficio, en ambos casos creen que el problema de la vivienda tiene muchas aristas, una de las principales el incremento de los costes de material, que en tres años se ha elevado un 50%. «No se construye vivienda de protección pública porque un módulo se vende por 1.800 euros y cuesta construirlo 1.300, a lo que se suma el coste del suelo», detalla Prieto. Como ejemplo pone la cantidad de parcelas sin construir a día de hoy en el sector de El Marín, «donde el 77% está disponible». En Salamanca hace falta de vivienda, pero no es por el precio al que se vende, «sino por lo que cuesta construirlas».
«No te planteas construir en el alfoz porque casi vendes por menos de lo que te ha constado edificar», refuta Javier Tamames. A los costes de construcción se suma el importante porcentaje que se va en impuestos. «En el caso de una obra nueva se van en impuestos un 10% y en transmisiones patrimoniales, entre el 8% y el 10% salvo excepciones», apunta Tamames. Ambos representantes también convergen en la necesidad de seguridad jurídica, especialmente para el alquiler. «No compras más vivienda porque entra un inquilino potencialmente vulnerable y estás vendido totalmente». Por eso Javier Tamames propone ofrecer protección tanto al inquilino como al propietario. «Se conseguiría un incremento de la oferta y, a más oferta, el precio de los alquileres bajaría».
Este contenido es exclusivo para suscriptores
Disfruta de acceso ilimitado y ventajas exclusivas
¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión
Lo más leído
- 1 Cuenta atrás para terminar el reto 'imposible' en la Plaza Mayor: «Me he encontrado auténticas mansiones y también casas con escombros»
- 2 Cae el Euríbor: impacto en las hipotecas
- 3 El rincón de Castilla y León que ha conquistado a David Bisbal y a su familia: «No puede ser más bonito»
- 4 El motivo familiar que ha llevado a Ayuso hasta un precioso pueblo de Castilla y León: «Venía buscando...»
- 5 Muere Rafael Andrés, uno de los dueños del Restaurante Río de la Plata
Publicidad