Después de 27 años al frente de la línea regular de autobuses entre Salamanca y Madrid, Avanza —antes Auto Res— se despedirá de la gestión de esta ruta en los próximos meses. El 19 de enero de 2023 comunicó al Ministerio de Transportes su voluntad de renunciar a la explotación de este servicio público. Más allá de que la concesión ya había caducado y podía darse por extinguida, argumentaba que «presenta un déficit de explotación que la hace insostenible», y requería a la Dirección General de Transporte Terrestre que asumiera la gestión del servicio dentro del plazo máximo de seis meses. Ha sido más de medio año el que ha tenido que esperar la compañía, pero este viernes el Ministerio que dirige Óscar Puente ha publicado la nueva adjudicataria, Alcalabus S.L- Vigo Barcelona S.A.U.
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Lo cierto es que no había muchas opciones de elegir. Es la única compañía que se ha interesado por prestar este servicio pese a que este contrato de nueve años de duración está valorado en más de 59 millones de euros. Con el abono gratuito para usuarios frecuentes de Renfe para los viajes tanto en Media Distancia como en Alvia entre Salamanca y Madrid y teniendo en cuenta que los trenes rápidos tardan poco más de una hora y 40 minutos, el Gobierno se lo ha puesto muy difícil a esta línea de autobús para resultar competitiva.
Fuentes de la nueva empresa concesionaria apuntan que de momento no está cerrada la fecha en la que empezará a gestionar el servicio regular de buses. Antes es necesario firmar el contrato con el Ministerio, rúbrica que previsiblemente se producirá aproximadamente en un mes. Hasta que esto ocurra, no ha querido adelantar si se producirán modificaciones en las frecuencias actuales.
El contrato de gestión del servicio público de transportes regular de viajeros entre Salamanca, Madrid y Vigo incluye diez rutas como servicios mínimos: una expedición diaria de ida y vuelta entre Madrid y Benavente; otras cinco entre Madrid y Salamanca con paradas en diferentes municipios intermedios, y otras cinco directas entre la ciudad del Tormes y la capital de España. A ellas se sumarían tres frecuencias diarias entre Madrid y Zamora, otras cuatro entre la capital y Vigo, y otras cinco conexiones entre la ciudad madrileña y Pontevedra.
En la documentación que el Ministerio de Transportes publicó junto a la licitación del contrato de la línea de bus se informa de que en 2023 la conexión entre Salamanca, Vigo y Madrid, incluyendo itinerarios que no pasan por la provincia charra, contabilizó 410.996 viajeros. Frente a ellos los Alvia y Media Distancia a la capital de España contabilizaron más de 1,3 millones de pasajeros.
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Tras Alcalabus, la nueva concesionaria del servicio público de transporte regular de viajeros por carretera entre Madrid, Salamanca y Vigo, se encuentra la compañía gallega Monbús. Es la misma que asumió la línea Aldeanueva del Camino-Madrid el 28 de agosto de 2018 con el cambio de concesión de la empresa Cevesa, momento en el que se empezaron a suprimir frecuencias en esta ruta y a incumplir horarios. Fue precisamente en ese momento, hace cinco años, cuando comenzaron las quejas de los vecinos de las zonas de Béjar y Guijuelo que continúan hasta la actualidad, pese al cambio de la empresa que gestiona la ruta. Se recogieron miles de firmas en el Alto Tormes y en Ávila que se entregaron en la Subdelegación de la provincia vecina y se convocaron concentraciones y protestas en las calles de estos municipios. Pero, pese a la presión que han tratado de ejercer los ayuntamientos afectados, al Gobierno no ha habido mejoras.
El escenario de futuro para los municipios de la provincia de Salamanca no presenta mejoras. El Ministerio de Transportes ha retomado las negociaciones del polémico mapa nacional de concesiones de las líneas de autobús por carretera. En 2022 generó duras críticas de la Junta de Castilla y León, la Diputación y numerosos ayuntamientos de Salamanca, que ahora vuelven a despertarlas. Conforme al borrador inicial que se presentó entonces, supone la supresión de 33 paradas en esta provincia, lo que implicaría aislar aún más a poblaciones que suman 17.000 habitantes, conforme a las estimaciones de la Consejería de Movilidad de Castilla y León. Desaparecerían principalmente aquellas que no llegan a una media de 500 usuarios al año.
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