En 2016, coincidiendo con el 20 de noviembre y solo por unos días, el Ayuntamiento instaló una polémica vitrina para proteger el medallón de Francisco Franco que se encontraba hasta 2017 en el Pabellón Real de la Plaza Mayor. Según argumentó entonces la Junta de Castilla y León, en ese caso concreto se podía colocar este sistema de protección para evitar que volviese a ser vandalizado sin solicitar permiso a la Comisión Territorial de Patrimonio. El motivo que se apuntaba es que se trataba de un elemento temporal y móvil. No pasó inadvertido tampoco el silencio que durante años guardó la administración autonómica respecto a la pancarta en defensa de la unidad del Archivo General de la Guerra Civil que, de forma reiterada, se colgaba en el balcón de la Casa Consistorial entre 2006 y 2009. Ese último año la comisión salmantina no impidió su colocación; sin embargo, el mismo órgano territorial de la Junta en Segovia sí ordeno al Ayuntamiento de esa ciudad que retirase un cartel de su balcón en el que exigía a la Junta un palacio de congresos.
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Desde hace décadas, cada año de los balcones de la Plaza Mayor se cuelgan los reposteros con los anagramas de las cofradías de Semana Santa sin necesidad de pedir autorización a Patrimonio, pero en 2023 sí se solicitó permiso a la Ponencia Técnica para convertir el ágora en una «pinacoteca» y colgar de los balcones las pinturas de Florencio Maíllo en las que representaba a Federico García Lorca y a sus amigos.
También en 2011 la propia Consejería de Cultura puso en manos de los técnicos de Patrimonio la decisión final sobre los actos previstos para el Festival Internacional de las Artes de Castilla y León (Facyl) y, en coordinación con el Ayuntamiento y ante el riesgo que podía suponer para el Bien de Interés Cultural (BIC), se obligó a cambiar el espectáculo de clausura que preveía enganchar una especie de tela de araña de los balcones del monumento. Cierto es que en esa decisión influyó lo ocurrido dos años antes. Dentro del mismo certamen se había realizado una polémica intervención en la Casa de las Conchas en la que se engancharon corbatas de cada uno de los relieves con forma de venera que decoran la fachada, uno de las cuales se desprendió. Sin embargo, cada vez que se prevé una espectáculo masivo en la Plaza Mayor, de forma recurrente el Ayuntamiento instala grandes escenarios y retira los bancos del ágora tantos días como considera necesario sin necesidad de gestionar un permiso previo ante la Comisión de Patrimonio.
Estos son solo algunos ejemplos que muestran los difusos límites de cuáles son las intervenciones, espectáculos o elementos que deben ser autorizados por Patrimonio y cuáles no. ¿Acaso no impide el árbol de Navidad «una apreciación correcta del Bien de Interés Cultural dentro de su entorno», como se ha alegado para no renovar el permiso de los cortavientos de la terrazas? ¿No es un obstáculo mayor que estas mamparas transparentes? Pero ni el abeto de luces ni las estructuras que se han instalado en años previos por las fiestas navideñas han sido objeto de autorización por parte de la Junta. Se alega que se trata de elementos temporales y móviles, una condición que también se aplicaría a las casetas de las ferias del libro, que ocupan durante casi tres semanas la Plaza y cuyo diseño nunca ha sido autorizado por el órgano competente de la Junta.
El reglamento sobre utilización de la Plaza Mayor aprobado en 2015 establece que la celebración de espectáculos y actividades en ella está sujeta a previa autorización municipal, pero esta normativa no implica que no se cumpla la Ley de Patrimonio y que el órgano competente de la Junta de Castilla y León determine si se puede celebrar o no en función de los posibles perjuicios, daños o impacto negativo, ya sean físicos o simplemente visuales, que pueda generar en el monumento.
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