El Banco de Alimentos, desbordado para acreditar situaciones de necesidad

El área social del Banco de Alimentos es un hervidero durante toda la mañana los días previos a la Gran Recogida. Para recibir productos en las 152 entidades de reparto de la ciudad y provincia es necesario que un trabajador social certifique la situación de vulnerabilidad del beneficiario. Este requisito se impuso por la Unión Europea en 2016 para disponer de los fondos de ayuda alimentaria.

Sin embargo, la avalancha de usuarios durante el último año debido a la grave situación de las familias por la inflación sumada al aumento de personas refugiadas e inmigrantes ha provocado que la cifra de beneficiarios se eleve hasta 9.000. Son muchos más los que se encuentran en situación de necesidad, pero que aún no tienen certificada su acreditación para recoger alimentos. «Estamos teniendo una espera de dos meses para poder certificar a todas las personas que están llamando a nuestra puerta», explica Petri González, única trabajadora social del Banco de Alimentos que reconoce que realiza entre 10 y 12 entrevistas diarias. Las citas previas se están demorando a mediados de enero, aunque, según reconoce el presidente del Banco de Alimentos, Godofredo García, se están atendiendo las peticiones «urgentes» en aquellos casos que son familias con menores a cargo. «Hay situaciones que tenemos que resolver porque no podemos dejar a la gente sin comer», asume.

Ante esta situación de urgencia, el representante de la organización avanzó que han solicitado ayuda al Ayuntamiento para que, a través de los trabajadores sociales de los Centros de Acción Social (CEAS) se pueda ayudar a reducir el 'tapón' que se ha creado y al que no se ve ninguna salida. Así, García señala que esta vía sería la más adecuada ya que permitiría realizar los trámites necesarios para poder comenzar a entregar comida. Hay que recordar que el Banco de Alimentos no entrega productos directamente a las familias, sino que lo hace a través de las entidades de reparto. Solo en algunos casos concretos cuentan con trabajadores sociales (por ejemplo Salamanca Acoge o Cepaim) pero cuando superan su cupo de beneficiarios es la ONG la que se encarga de hacer la acreditación.

Por su parte, fuentes municipales indican que muestran su predisposición para ayudar en lo que esté dentro de sus competencias para solucionar esta situación y están analizando la propuesta. El Consistorio recuerda que colabora de forma habitual con la ONG con 92.100 euros.

El Banco de Alimentos tuvo que contratar a una trabajadora social por primera vez en el año 2015 ante la obligación legal de que los beneficiarios contasen con un documento oficial que acreditara su situación de necesidad, que debía ser expedido por una administración pública o por un trabajador social de la entidad social autorizada, figura que no tenía hasta entonces la ONG ya que estaba conformada solo por voluntarios.

La previsión del Banco de Alimentos es entregar hasta final de año 1,3 toneladas de alimentos, la misma cantidad que en 2022, pero con la dificultad añadida de que los usuarios han aumentado en cerca de un millar respecto al año pasado y que en los fondos de la ayuda alimentaria del Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) no se ha incluido leche y aceite. Además, tal y como denuncian las entidades de reparto, también se ha observado una reducción en el reparto de la ayuda del Gobierno que obliga a gestionar mejor los productos. El Ministerio optó por sustituir alubias cocidas, conservas y tomate frito por el aceite de oliva en las entregas. Con ello la cantidad de leche se ha tenido que dar de forma progresiva pasando de 6 a 3 litros de leche por persona y priorizando la leche infantil. Esta ha sido una de las principales ventajas de que la 'Gran Recogida' que se celebrará este fin de semana sea mayoritariamente en caja. «Los productos infantiles al ser más caros eran los que menos donaban y ahora los compramos con esa cantidad».

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