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Los trabajadores salmantinos que llevan de baja más de un año por una enfermedad o accidente no laboral son ya casi más que los que había en pandemia durante la tercera y sucesivas olas de covid. No llegan a las cifras que se registraron en el inicio de esa crisis sanitaria en la provincia pero son más del doble de los que existían en prepandemia. Según datos facilitados por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), que protegen aproximadamente al 80 % de los trabajadores del país por contingencias comunes, cifran en 492 los procesos de incapacidad temporal que se han prolongado más de 365 días en la provincia. Son más del doble de los que había hace poco más de dos años —215 en mayo de 2022—.
Pero no solo se ha disparado el absentismo de larga duración, sino también el número de bajas. Los procesos por contingencias comunes en esta provincia han crecido más de un 20 % desde 2019: de los 15.998 de ese año a los 19.260 de 2023. Son también un 53 % superiores a los del peor año de la pandemia, 2020, cuando AMAT contabilizó 12.589, pero en ese caso el dato no se puede tener en cuenta puesto que hay que recordar que durante esos meses el Gobierno estableció que los periodos de aislamiento o contagio por covid de los trabajadores se asimilasen a accidente de trabajo y no a contingencias comunes.
Este incremento generalizado del absentismo, que no solo afecta a Salamanca sino a todo el país, se está traduciendo en un aumento de los costes a los que tiene que hacer frente el sistema, es decir, las empresas, las mutuas y el Estado. Según los estudios de AMAT, que incluyen a cuatro quintas partes de los trabajadores y teniendo en cuenta los procesos de incapacidad temporal registrados en 2023 en esta provincia y la duración de cada una de ellas, cada día hay 937 personas más de baja que justo antes de la irrupción de la covid, lo que supone un 14,5 % más. Como consecuencia de ello, el coste directo para las empresas, más el importe de las prestaciones económicas a cargo de la Seguridad Social y de las mutuas para los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes para la población que estas protegen, se ha elevado casi un 50 % en tan solo cuatro años. De los 106 millones de euros de 2019, se ha pasado casi a más de 158.
Entre las causas del alargamiento de las bajas y de ese incremento del número de trabajadores que pasan más de un año sin reincorporarse a a su puesto de trabajo, se encuentra el Real Decreto Ley 20/2023 que el Gobierno aprobó en el primer trimestre del año pasado. Además de regular nuevos aspectos relacionados con las pensiones, modificó artículos del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que afectan a la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes. «Medidas que no son suficientes para mejorar la gestión y que sólo descargan de trabajo a la Inspección Médica del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Medidas que han alargado los procesos al suprimir la posibilidad de que las mutuas puedan formular propuesta de alta al INSS en los supuestos de denegación de estas por parte del Sistema Público de Salud lo que ha provocado un incremento de la duración de los procesos que superan los 365 días», explica en uno de sus últimos informes la asociación de mutuas.
Por otra parte, plantea que, si las mutuas prestasen asistencia sanitaria integral y emitiesen las altas en las veinte patologías traumatológicas más frecuentes, se ahorrarían solo en Salamanca más de diez millones de euros al año. Ese cálculo se basa en que, cuando esas mismas patologías son por accidente laboral, la rehabilitación y las altas se reciben con más celeridad, y la recuperación también es más rápida.
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