El Ayuntamiento de Salamanca está remitiendo facturas de la tasa de basura a alojamientos turísticos a los que les está enviando cartas ordenando la clausura de la actividad porque no cumplen con la ordenanza municipal de Apartamentos y Viviendas Turísticas que entró en vigor definitivamente el pasado 12 de diciembre y en la que se concede un plazo de aproximadamente un mes para que se adapten o cesen en su actividad aquellos que no se puedan adaptar.
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La normativa municipal que regula una actividad relativamente novedosa y que adquirió especial relevancia a partir de la pandemia de la covid, prohíbe explotar para el uso turístico aquellas viviendas que se encuentren situadas por encima del primer piso. El Ayuntamiento se basa para esta limitación en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) revisado en el 2007 y en la homologación que hace de las viviendas y apartamentos de uso turístico a los hoteles pequeños, de menos de 10 habitaciones. Desde este punto de vista, los responsables municipales entienden que no deberían de haber estado operando porque, aunque no existía una ordenanza ni una regulación específica, si existía un PGOU que ya limitaba la actividad.
Sin embargo, al mismo tiempo el Ayuntamiento ha consentido la explotación turística durante los últimos años porque les ha estado cobrando determinadas tasas, como las de basura, al mismo precio que les cobra a los hoteles pequeños.
El Ayuntamiento admitió a este periódico el pasado mes de octubre, poco antes de aprobar la nueva ordenanza, que había sido un error por su parte facturar la basura a los alojamientos que se encontraban en pisos superiores al primero como si fueran pequeños hoteles.
Pero lejos de enmendar lo que el equipo de Gobierno municipal considera «un error», han seguido manteniéndolo cuando ya estaba en vigor la ordenanza.
Están llegando recibos de la tasa de basura de 2025 con el precio que está establecido para hoteles pequeños a aquellos apartamentos turísticos que están ya en la «ilegalidad», según la ordenanza en vigor, ya que se encuentran por encima del primer piso. Es decir, les está cobrando una tasa de basuras por desarrollar una actividad turística al mismo tiempo que les envía una carta instándoles a cerrar de forma inminente el negocio por estar «ilegal», según la ordenanza.
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El Ayuntamiento no solo está inmerso en este laberinto con las tasas de basura especiales que lleva cobrando años a los afectados por la nueva regulación municipal sobre apartamentos y viviendas de uso turístico. La propia ordenanza de basuras tampoco está nada clara respecto a la consideración de este tipo de negocios.
Por un lado explica que se entiende por viviendas las destinadas a domicilio de carácter familiar y «alojamiento que no excedan de 10 plazas» cuyo precio de la tasa es de 30,69 euros al trimestre y por otro lado, les cobran bajo el epígrafe de «Alojamientos», es decir hoteles, hostales, residencia, pensiones y casas de huéspedes de hasta 10 plazas, cuyo precio por trimestre es de 46,79 euros.
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La falta de concreción en la propia ordenanza puede llevar a error, ya que en ninguno de los casos aparece la palabra «turístico», una figura que tampoco aparece en el Plan General de Ordenación Urbana vigente, por no existir esta modalidad de servicios turísticos en el momento de su revisión. El Ayuntamiento a medida que ha ido creciendo la actividad la ha ido adaptando a la normativa existente, sin tener en cuenta las peculiaridades, como se quejan los afectados.
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