Aumento preocupante de los ‘trabajadores pobres’ en Salamanca

Tener un empleo no garantiza una vida digna. Al menos esa es la situación que perciben las principales ONG salmantinas que prestan apoyo a las personas necesitadas de la provincia. El fenómeno del ‘trabajador pobre’, aquel que con su empleo no puede sacar a su familia adelante sin el apoyo de Cáritas o Cruz Roja u otras ayudas. Este grupo de familias no vio la salida, a pesar de la recuperación económica, y ha sido una de las principales afectadas por la propuesta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) para el establecimiento de una prestación de ingresos mínimos.

La novedad de la iniciativa, diferente a la presentada en febrero por los sindicatos ante el Parlamento, es eliminar la condición de ser parado de larga duración, de tal manera que la ayuda fuese compatible con los salarios más bajos. Este modelo se ve con buenos ojos por parte de las dos principales organizaciones que prestan estas ayudas en Salamanca. “Facilitaría que se incorporaran al mercado laboral porque muchas veces los empleos que se ofrecen son poco cualificados y los ingresos son inferiores a lo que percibirían con la Renta de Garantía de Ciudadanía en Castilla y León”, explica el coordinador provincial de Cruz Roja, Javier Vicente. En la misma línea, se expresa la responsable del servicio de Acogida de Cáritas, Oliva Martín, que señala que las prestaciones mínimas “castigan a los que trabajan aunque sea por muy poco dinero”. Así, señala que la precariedad laboral provoca que la ONG católica siga siendo vital para cubrir las necesidades básicas como la vivienda, el alquiler o comida.

Si se tiene en cuenta las últimas cifras aportadas por la Agencia Tributaria, cerca de la tercera parte de los trabajadores salmantinos cobran de media menos de 825 euros al mes, mientras que 23.184 no llegan a la mitad de esa cuantía, ambos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional establecido este año en 1.050 euros. La mayoría de las personas incluidas en este tramo tienen dificultades para alquilar una vivienda o una habitación —entre 200 y 300 euros mensuales— , a los que hay que sumar los gastos fijos de luz, gas o material escolar. Dentro de este grupo se encuentran aquellos que tienen condiciones contractuales intermitentes con trabajos temporales, o con discontinuidad. Uno de los sectores más afectados suele ser el de las empleadas de hogar que trabajan para varios empleadores pero durante pocas horas que no les hacen llegar al mínimo establecido. “Se dan las dos situaciones: dar de alta por pocas horas porque no hay trabajo; y en otras porque se da de alta en la Seguridad Social menos horas que las que en realidad aparecen en el contrato”, precisa Martín.

No todos los trabajadores de este tramo estarían afectados por la situación de exclusión, sino que llegarían a esta cifra tras haber trabajado en empleos temporales, superiores al SMI, pero que al encadenar los meses de paro les resulta inferior a 825 euros al mes.

El organismo independiente opina que el sistema de ingresos mínimos en España está demasiado fragmentado entre las diferentes prestaciones y entre las comunidades autónomas. Para ello, propone suprimir las duplicidades con otras ayudas que se aplican a nivel autonómico o local, con lo que calculan que el gasto podría reducirse hasta un 80%.

En Castilla y León, se cuenta con una cuantía media de 430,27 euros a la hora de aplicar la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), prestación de servicios mínimos. Para acceder a ello se deben haber agotado todas las prestaciones de desempleo o que las recibidas estén por debajo de la cuantía mínima. Aunque los datos no están provincializados, cerca de 7.000 desempleados en Salamanca no cobra ninguna prestación, por lo que se estima que gran parte cobra esta ayuda.

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