«Los juzgados de menores conocen de los delitos cometidos por personas mayores de 14 años y menores de 18, y en muchos casos, las víctimas, también son menores de edad, por lo que, debido a las circunstancias del edificio escogido, se pueden generar situaciones en las que se vulneren sus derechos a la intimidad y privacidad». Es la denuncia en la que coinciden los sindicatos STAJ, CSIF, UGT y CCOO. Todos consideran que el último piso del antiguo edificio del MOPU, en Torres Villarroel, no es el lugar más adecuado para el Juzgado de Menores, trasladado allí el 4 y 5 de diciembre, y piden su inmediata reubicación.
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Los funcionarios entienden, según aseguran los cuatro sindicatos, que «no cuentan con espacio suficiente para garantizar el adecuado trato a los ciudadanos que transitan por dichos espacios, en particular les preocupa no garantizar la necesaria separación de los menores y las víctimas, temen que se produzcan situaciones indeseadas, al encontrarse la sala de vistas en una séptima planta, dentro del juzgado y los espacios de acceso a la misma ser reducidos, lo que consideran puede generar problemas de seguridad». «Se ubica en un edificio con entrada única, en la planta séptima, sin ascensores para acceder a las dependencias, escaleras por las que tendrán que acceder los detenidos menores con especial protección pasando por delante de las dependencias de otras administraciones», subrayaban este lunes desde STAJ, que insiste en que no se habilitado un acceso para personas con movilidad reducida ni se han diferenciado espacios para la espera de las víctimas y familiares garantizando así el no encontrarse con los acusados.
Un mes después del traslado, un ascensor del edificio sigue sin funcionar y el otro está siendo objeto de reformas, denuncian los representantes del personal. «Más allá de que los trabajadores de este juzgado de la séptima planta y de los otros juzgados que están en el edificio, tengan que subir caminando, con el riesgo que esto puede suponer debido a las obras que actualmente hay en el edificio», las cuatro organizaciones sindicales hacen referencia a que no se estaría garantizando «la accesibilidad universal y la prestación de apoyos que sean necesarios en las oficinas públicas, los dispositivos, los servicios de atención y participación del ciudadano», conforma se recoge en el Real Decreto 193/2023, de 21 de marzo. Los mismos problemas de accesibilidad los sufrió durante años la Fiscalía, que, cuando se encontraba en la última planta del edificio de Gran Vía, permaneció mucho tiempo sin ascensor.
Desde que el 4 y 5 de diciembre, el Juzgado de Menores se trasladó a Torres Villarroel no ha dejado de aumentar la presión de los sindicatos para que esta sala se reubique en otro lugar. Desde el primer momento, los sindicatos han insistido en que si la Fiscalía de Menores se va a trasladar a las instalaciones de Colón, el Juzgado de Menores también debería estar allí. De hecho, esa es la intención de la Gerencia Territorial de Justicia pero, antes debe liberar y acondicionar el espacio que ocuparán de forma definitiva los órganos judiciales que de forma provisional se encuentran ahora en la séptima planta del edificio de la avenida de Torres Villarroel.
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