Atasco de otra medida estrella: siguen las colas del hambre

«Las tarjetas monedero vienen a cumplir una función social que es la de evitar la estigmatización de aquellas personas que se ven abocadas a solicitar alimentos». El Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Pablo Bustinduy, justifica de esta manera el cambio de modelo del reparto de comida a través de los Bancos de Alimento por las tarjetas monedero. Sin embargo, la medida 'estrella' de esta legislatura en el ámbito social del Gobierno de Sánchez no acaba de arrancar ni de cumplir con los objetivos deseados.

Cruz Roja, entidad encargada de repartir las tarjetas monedero, aún no ha emitido ninguna en Salamanca por lo que el Banco de Alimentos sigue cumpliendo con la función de repartir comida a todos los beneficiarios. La nueva iniciativa debía de haberse puesto en marcha el 1 de mayo pero se está encontrando con muchas incertidumbres.

La Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León, competente en la materia de Servicios Sociales, se encuentra aún pendiente de fijar la cifra de beneficiarios. Desde el Ayuntamiento de Salamanca se adelantó el trabajo y se derivó a través de los Centros de Acción Social el listado de 137 hogares de la capital que cumplirían con los criterios —familias con hijos menores y unos ingresos menores al 40% de la renta media—. Además los técnicos municipales se encuentran revisando caso por caso de los usuarios que atienden a través de los servicios sociales para saber cuántos podrían ser susceptibles de beneficiarse de esta medida. En el caso de la Diputación también se ha remitido una lista de beneficiarios remitidos también a través de los servicios sociales. Fuentes de la administración regional señalan que «no hay una fecha estipulada» para la puesta en marcha. Ala espera de certificar una cifra final que quedaría lejos de acabar con las colas del hambre —fuera de estas tarjetas monedero se quedarían más de 1.800 familias sin hijos menores que seguirían dependiendo de los bancos de alimentos— no es el único inconveniente con el que se ha encontrado la administración para poner en marcha esta nueva medida.

Desde la Consejería de Familia se insiste en la necesidad de «crear criterios comunes». «La competencia es de las comunidades autónomas pero lo ha asumido el Gobierno central. Estamos siendo acompañantes pero nos estamos encontrando con una casuística muy grande», inciden.

En una provincia como Salamanca con 362 municipios, la red del Banco de Alimentos a través de las diferentes entidades de reparto (asociaciones, parroquias, entidades de voluntarios etc...) permitía que los productos no perecederos llegaran hasta todos los puntos donde hubiese necesidades. Sin embargo, para participar en este programa de tarjetas monedero solo pueden hacerlo aquellos supermercados con unas características especiales (programa informático que excluya productos, recargue tarjetas, etc...). Finalmente, fueron Carrefour, Alcampo, Eroski-Caprabo, Alimerka, Más y Más, Dinosol y Spar-Gran Canaria. «Hay familias que pueden estar a muchos kilómetros de estos supermercados y necesitamos que nos aclaren estas dudas», señalan desde Familia. En el mismo sentido, también se plantea algunas incógnitas sobre la necesidad de que se establezcan algunos criterios como en el caso de la protección de datos de los beneficiarios, que a la vez sería esencial para que no haya una duplicidad de ayudas en el Banco de Alimentos. La entidad no repartirá comida a las familias beneficiarias de la tarjeta monedero, pero por el momento no se le ha facilitado ningún listado de estas familias por lo que también se encuentran con esta incertidumbre. Ala hora de establecer estos criterios comunes, también se pretende evitar desigualdades territoriales para que una persona vulnerable en Castilla y León pueda recibirla igual que una de Cataluña o Extremadura. Todas estas peticiones se las trasladarán en la reunión prevista para este viernes del Consejo Territorial para evaluar la puesta en marcha de las tarjetas.

Una de las principales ventajas, que argumenta el Ministerio de Derecho Sociales, es que las familias podrán acceder a productos frescos o de higiene, uno de los puntos a favor frente al Banco de Alimentos.

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