Ante la situación de «emergencia habitacional», la Asociación de Inmobiliarias de Salamanca insiste en la necesidad de medidas de «carácter urgente» tanto de algunas de las planteadas en los últimos días por el Gobierno de España y las comunidades autónomas del Partido Popular como de otras. «Defendemos la necesidad de la modificación de la Ley de Acceso a la Vivienda 12/2023 de 24 de Mayo en los aspectos en los que afecta a la seguridad jurídica del propietario», insiste la agrupación que preside Manuel Arias. Denuncia que «se criminaliza apartándole de los derechos del artículo 38 de la Cons4tución (Libertad de Empresa) a las empresas de intermediación inmobiliaria en el cobro de sus honorarios profesionales y, como se ha comprobado, no favorece la solución del problema sino que lo empeora«.
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«Está demostrado que el excesivo intervencionismo de un mercado, y en concreto del inmobiliario tenemos ejemplos en ciudades de todo el mundo, consigue lo contrario a lo que persigue, por lo tanto declinamos todas esas propuestas que buscan más control e intervención por parte de las administraciones en vez de ayudar, incentivar y defender derechos de los ciudadano«, asegura en una nota de prensa la asociación, aludiendo especialmente a las medidas planteadas desde el Gobierno. central, como la regulación de las viviendas turísticas o los alquileres de temporada, y las limitaciones a la compra de vivienda para los extranjeros no residentes.
No obstante, consideran que los incentivos fiscales, como la exención del IRPF para los propietarios que alquilen sus viviendas según el índice de referencia, «pueden no ser suficientes para motivar a los propietarios a ofrecer alquileres a precios asequibles, como proponer el Gobierno central, especialmente sin consideran que las exenciones no compensan la reducción en los ingresos por alquiler».
Respecto a la ampliación de los avales de la Junta de Castilla y León para la compra de viviendas para que puedan beneficiarse los menores de 40 años, la agrupación considera que es una «propuesta positiva» aunque insiste en que sigue siendo «discriminatoria por edad», al igual que la rebaja en el Impuesto de Transmisiones.
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