La «asfixiante» situación de abogados y procuradores por la huelga de Justicia: sin juicios no cobran

Abogados y procuradores de Salamanca comienzan a tener problemas para llegar a final de mes. La huelga de funcionarios mantiene los tribunales paralizados casi por completo. Si no hay señalamientos, no hay juicios; sin juicios no hay sentencias; y sin fallos judiciales estos profesionales no cobran. Fuentes del Colegio de Abogados apuntan que, aunque oficialmente no se dispone de datos, ya hay colegas que están planteándose un expediente de regulación de empleo (ERE) porque, dado que los procedimientos no avanzan, algunos apenas tienen ingresos. Sin embargo, los gastos no se han reducido. Deben pagar la mutualidad o la cuota de autónomo, las cuotas colegiales, los impuestos municipales y los gastos del despacho. Ante ello, ya no ruegan ni solicitan, los Colegios de Abogados y Procuradores de Salamanca han enviado una carta a la ministra de Justicia, Pilar Llop, en la que le instan «a solucionar el conflicto laboral con los funcionarios». No se trata solo de un mero acto de apoyo al personal de los juzgados, sino que amenazan en la misiva con «emprender, si fuera necesario, las oportunas movilizaciones de aquí al 23 de julio».

«No puede mantenerse este estado de paralización de un servicio público», denuncian en el escrito que firman los decanos Javier Román Capillas y Diego Sánchez de la Parra. Insisten en que esta huelga, que se inició el pasado 17 de abril, es, «más que las anteriores, la que de hecho tiene colapsados todos los juzgados de España». «No estamos hablando solo del perjuicio al justiciable, que es evidente, sino de los perjuicios económicos que en los profesionales está ocasionando», remarcan los dos órganos colegiales salmantinos ante las dificultades a las que se están enfrentando sus miembros.

Lejos de arremeter contra los sindicatos o el personal de Justicia, los colegios culpan directamente al Ministerio por no constarles «ni siquiera un intento de negociación». Y, por otro lado, consideran que «no es lógico ni admisible la diferencia de trato, impropia de cualquier Gobierno, entre la atención de las reivindicaciones de según que estamentos judiciales». En definitiva, los representantes de los abogados y procuradores tampoco entienden que el Ejecutivo de Pedro Sánchez sí haya aceptado las peticiones, primero de los letrados de la administración de justicia (LAJ) y después de jueces y fiscales, pero esté ignorando las de auxilios, gestores y tramitadores. «Por si les sirve de acicate para iniciar la negociación, no deben olvidar que estamos hablando de las más que justas reivindicaciones y de los derechos económicos de más de 45.000 funcionarios y sus familias, y de bastantes más profesionales, que estamos en una situación límite, hasta el punto de originar ERE en algunos colegios profesionales», señalan en la carta al Gobierno.

Desde finales de enero, cuando comenzó la huelga de los secretarios judiciales (LAJ) a la que ha sucedido después la de funcionarios, en Salamanca se habrían suspendido más de 700 juicios y cientos de declaraciones, según los datos aportados por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y por los sindicatos. El problema no solo está en las vistas que se han aplazado, explican abogados consultados por este periódico, sino en los procedimientos que no avanzan y ni siquiera llegan a señalarse, con lo que no hay fecha para su celebración. Con esta situación, aunque se solicite una provisión de fondos a los clientes -un pago por adelantado de entre un 20% y un 50% de la minuta-, los letrados y procuradores no cobran el servicio completo hasta que el procedimiento no concluye. Y, ante la parálisis del sistema judicial, incluso algunos clientes están empezando a negarse a abonar ese anticipo.

En el caso de los abogados de oficio, la situación se complica aún más. Si ya comenzaron el año acumulando retrasos en el pago de las actuaciones realizadas en los cuatro meses anteriores, ahora además de cobrar tarde los procedimientos también se les demoran.

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