Asfixia en los juzgados de Salamanca: reclaman refuerzos por el espectacular aumento de casos pendientes

Al «tapón» que la huelga de funcionarios generó en la primera mitad del año en los juzgados de Salamanca ya se le pueden poner cifras. La tasa de congestión de los tribunales de la provincia, que un año antes se encontraba en mínimos —por debajo del 2%—, se ha elevado más de un 55%, según los datos publicados ayer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). ¿Qué significa esto? Si al cierre de junio de 2022 los órganos judiciales de la provincia tenían un total de 10.960 asuntos pendientes de tramitación, un año después, justo antes de este último verano, se habían elevado a 15.856. ¿Podría deberse esta acumulación de casos en las oficinas a un aumento de la litigiosidad? Lo cierto es que sí hubo un incremento de asuntos, pero fue ínfimo si se compara con los que se han retrasado. Ingresaron un 2,6% más de procedimientos —8.622 frente a 8.401—. Sin embargo, no se les dio curso al mismo ritmo que un año antes. Entre abril y junio, en los órganos judiciales de la provincia se resolvieron 5.971 asuntos, 2.270 menos que en los mismos tres meses de 2022. La respuesta a por qué los tribunales perdieron eficiencia es sencilla. Durante 78 días la mayor parte de los juzgados quedaron casi paralizados por la huelga general de auxilios, tramitadores y gestores judiciales, que llevaron a suspender cientos de vistas, declaraciones y todo tipo de actuaciones. El número de sentencias de todas las jurisdicciones cayó un 36% y el de autos, un 28%.

A la huelga de funcionarios, le precedió en el primer trimestre del año, concretamente desde el 24 de enero al 28 de marzo, la de los letrados de justicia. Sin embargo, su impacto fue mucho menor. Según la estadística del CGPJ, en ese periodo el número de asuntos resueltos fueron 8.371, concretamente 318 más que en el primer trimestre del año anterior. No obstante, en las primeras trece semanas de 2023 sí se detectó un aumento de un 13% en los asuntos ingresados —9.209 frente a los 8. 099 del mismo periodo del año anterior—. Lo cierto es que el volumen actual de asuntos que los juzgados de Salamanca tienen sobre la mesa, pendientes de resolver, es el más elevado, al menos de los últimos cuatro años. Desde hace un año no han dejado de aumentar. La mayor congestión está en los contenciosos-administrativos (68,10%), pero también, dentro de la jurisdicción civil, en los asuntos del Mercantil (85,9%).

A mediados del pasado abril, en la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, su presidente, José Luis Concepción, reclamó al Gobierno de Pedro Sánchez «la inmediata solución» del conflicto laboral que se vivía en Justicia ante el riesgo de «colapso». Entonces cifraba en más de 300 los juicios suspendidos, pero la huelga de funcionarios acababa de empezar. Por tanto, lejos de mejorar, el «tapón» de los tribunales de Salamanca ha ido a peor. «Efectivamente en mi juzgado tenemos unos 300 asuntos más que el años pasado. Estamos asfixiados», dejaba claro ayer el juez decano de Salamanca, Juan Rollán. «Y la respuesta del Ministerio es... ninguna. No se ha interesado en preguntar si necesitamos refuerzos o no. Tras la huelga de secretarios sí lo hizo, pero después de las protestas de los funcionarios, no lo ha hecho. La excusa es que ahora están en funciones», asegura el magistrado. «Haría falta una prolongación de jornada, para que los trabajadores puedan venir por la tarde a avanzar trabajo, pero pagándolo claro», incide.

«Está claro que hay un tapón provocado por las huelgas. A ello se ha sumado después el parón de las vacaciones en agosto», explica el decano del Colegio de Abogados de Salamanca, José Javier Román Capillas. «Dependiendo de los juzgados, los asuntos pueden estar retrasándose entre cuatro y seis meses», estima. «¿La solución? O bien crear un juzgado más o una prolongación de jornada de los trabajadores, pero lógicamente eso hay que pagarlo», añade el representante de los abogados. Asegura que sus compañeros de profesión están «cansados y desanimados» porque la parálisis judicial vivida en la primera parte del año ha afectado a sus bolsillos. «Toda esa disminución de la actividad ha supuesto retrasos en los pagos, especialmente para quienes se dedican en exclusiva a asuntos judiciales», afirma Capillas. Por su parte, el fiscal jefe de Salamanca, Juan José Pereña, deja claro que la paralización de asuntos de los meses anteriores no ha afectado a la Fiscalía. Reconoce que en los últimos meses está llegando desde los juzgados «una ola de lo acumulado por la huelga», pero una reciente auditoria realizada al Ministerio Fiscal concluye que este no tiene pendencia. «Aquí no está paralizado nada», remarca refiriéndose exclusivamente al órgano que dirige.

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