Aplazados más de 600 juicios por los paros de la Justicia salmantina

Hace un mes el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, reclamó a la ministra Pilar Llop una solución urgente a las huelgas que afectaban a su administración ya que de continuar conllevarían «el colapso de la Justicia». El llamamiento lo hizo cuando auxilios, gestores y tramitadores prácticamente no habían iniciado los paros de jornada completa y tan solo se contabilizaban los 330 juicios suspendidos en Salamanca por la anterior huelga de los letrados, que ya consiguieron un aumento salarial. Pero desde el 4 de mayo, todos los martes, miércoles y jueves —siete jornadas en total—, los paros de decenas de funcionarios han obligado a paralizar en la provincia, al menos, otras 259 vistas, así como decenas de declaraciones, la tramitación de demandas y casi todas las videoconferencias previstas con tribunales de otros puntos de España. Tan solo un juzgado de los más de quince que tienen sede en la capital, el Penal 2, está logrando funcionar con normalidad y cumplir con los señalamientos previstos, según fuentes sindicales.

Con todas esas cancelaciones y aplazamientos a «sus espaldas», la Justicia de Salamanca se enfrenta desde hoy a un recrudecimiento de la huelga de funcionarios. Ante la falta de respuesta del Ministerio a su reclamación de paralizar la LOEO y de un incremento de las retribuciones, las jornadas de huelga pasan de tres a cinco días por semana. Los paros serán desde hoy de lunes a viernes. Después de que los secretarios judiciales lograron en marzo sus reivindicaciones y de que la semana pasada el departamento de Llop llegó a un acuerdo de 46,7 millones de euros con seis de las asociaciones de jueces y fiscales para mejorar sus salarios, CSIF, STAJ, CCOO y UGT han recrudecido los medidas de presión, en la última semana de la campaña electoral, para exigir que el Gobierno de Pedro Sánchez atienda las reivindicaciones de más del 80% de la plantilla de Justicia.

A principios de abril, cuando la huelga de funcionarios ni siquiera había comenzado, tres juzgados de Primera Instancia ya tenía vistas programadas para octubre y uno de instrucción ya había señalado juicios para diciembre. Esto suponía entonces retrasos de hasta ocho meses en los tribunales de Salamanca, cuando hace unos años, según señalaba el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en su última memoria, lo habitual eran tres. Con las más de 250 vistas aplazadas por las protestas de auxilios, tramitadores y gestores, sumadas a otras actuaciones que se han retrasado y a los nuevos expedientes y demandas que han llegado a los tribunales de la provincia, los sindicatos apuntan que varias salas están señalando ya juicios para 2024. «El colapso de juzgados, tribunales, fiscalías, registros civiles,... está siendo ya descomunal y va a ser total en las próximas semanas», advierten en un comunicado los sindicatos.

Dado que no hay ninguna reunión de negociación prevista con el Ministerio, que ha priorizado solucionar el conflicto con jueces y fiscales, la previsión es que los aplazamientos continúen aumentado, al menos, durante esta semana previa a las elecciones municipales. Ciertamente satisfacer la demanda de una subida salarial de jueces y fiscales resulta más «barato» que atender las mejoras retributivas de los funcionarios. Si a los primeros se le ha prometido el desembolso de 46,7 millones para elevarles el sueldo en 450 euros, cubrir los incrementos de entre 350 y 430 euros de los funcionarios implicaría un desembolso de unos 190 millones. Solo en Salamanca sería necesario que el Ministerio incrementase en 1,5 millones el gasto en personal.

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