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La Constitución de 1978 sale a relucir de forma recurrente en el panorama político y en muchos casos suele ser como arma arrojadiza. El último episodio mediático que está protagonizando la Carta Magna española llega ahora con la premisa de que el bloque independentista exige al PSOE una amnistía con todo lo relacionado con el procés en 2017 para facilitarle la investidura. Para abordar este debate aparecen Ángel Fernández Silva, profesor Asociado en el Área de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca desde 2019, y José Luis Mateos, profesor asociado del mismo área. Ambos son especialistas en derecho constitucional, pero Mateos, portavoz del Grupo Municipal Socialista, y Fernández Silva, concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento, tienen dos visiones políticas del asunto bien distintas.
El portavoz socialista cree que es atrevido decir que sí que tiene encaje constitucional la amnistía, defiende la 'imparcialidad' del Tribunal Constitucional cuando tenga que pronunciarse y explica que los jueces que condenaron a los acusados no deberían sentirse mal ya que hicieron su trabajo muy bien en su momento. Además, remarcó que si intentan cambiar el nombre de la ley, pero al final tiene como objeto la amnistía no dejará de ser una ley de amnistía.
Ángel Fernández Silva esgrime que la Constitución no se refiere de manera taxativa a la amnistía y que es 'controvertido' decir de forma clara si tiene encaje constitucional o no la amnistía. El concejal de Cultura y Turismo además recordó que hay miembros del TC con reciente pasado en el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, como es el caso de Juan Carlos Campo.
No obstante, una de las claves de todo este debate para Fernández Silva es que el proceso no admite comparación con la anterior amnistía de 1977. «En la ley de Amnistía del 77 se miró al pasado entendiendo que se habían hecho cosas mal al no ser España un estado de derecho y el perdón era un presupuesto para el entendimiento futuro. Ahora, se les juzgó en el pasado en un país democrático pero el perdón no asegura que no vayan a volver a cometer estos delitos que tienen un fin mayor que es la independencia, algo que es claramente inconstitucional», argumenta Ángel Fernández Silva.
En este sentido, José Luis Mateos indica que aquella amnistía del 77 «pervivió incluso a pesar de la disposición derogatoria de la Constitución, que en su apartado tercero determina que todas las disposiciones contrarias a la Constitución quedan derogadas, y sin embargo esa ley de amnistía ha pervivido», aunque Mateos también añade que «ahora estamos obviamente en otro proceso de nuestra democracia».
Otra de las cuestiones que sobrevuelan este tema es que se estaría trabajando en un texto que eliminaría la responsabilidad penal de cuanto tomaron parte en lo acontecido en otoño de 2017 en Cataluña, pero evitando llamarlo amnistía. José Luis Mateos lo tiene claro. «No sabemos, ahora, si el efecto jurídico de esa posible ley es equiparable a una amnistía. Da igual cómo se llame, que al final será algo parecido a una amnistía. Si habla como un pato, camina como un pato, parece que puede ser un pato...», esgrime.
Ángel Fernández Silva añade que «últimamente hay alguna técnica legislativa con mucha imaginación que trata de las cuestiones más negativas de algunas leyes, sobre todo con impacto social, tratan de camuflarse bajo algunas palabras, pero en términos jurídicos es lo que es».
«Si al final se trata de hacer desaparecer la existencia de delitos es equiparable a una amnistía, aunque la ley se denomine ley de reconciliación nacional», sentencia el concejal del Ayuntamiento especialista en Derecho Constitucional.
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