Álvaro García: “El fiscal general del Estado no recibe indicaciones por parte del Gobierno”

Es plena actualidad la falta de negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Cómo está la situación?

—Hay cierta esperanza en que eso se produzca y es positivo. De dónde venimos lo hemos visto todos. Eso es lo negativo, pero quiero poner el acento en lo positivo. A ver si se resuelve y de una vez podemos tener un Consejo General del Poder Judicial. Es una cuestión que atañe a los grupos parlamentarios y esperemos que la resuelvan.

Ha defendido en varias ocasiones que la instrucción pase de los jueces a los fiscales. ¿Confía en que se lleve a cabo la reforma?

—No es que el fiscal haga de juez. Es un modelo completamente distinto en el que las potencialidades de la fiscalía se ponen de manifiesto y no es por cambiar una figura por otra, sino porque es mejor para la justicia y para el ciudadano. Es el modelo procesal que tiene toda Europa. Un órgano se dedica a investigar y a exponer sus tesis jurídicas delante del juez para que este decida si hay material suficiente para hacer un juicio. Parece que la lógica nos conduce a eso. La Constitución dice que los jueces juzgan y hacen ejecutar lo juzgado, por lo tanto el resto de las funciones son del fiscal. Lo único que no sabemos es cuándo, pero va a ocurrir y debe ocurrir.

En su toma de posesión dejó claras las prioridades de su mandato, entre ellas la lucha contra la violencia de género, y prometió “dignidad en el tratamiento a las víctimas”. ¿Considera que medidas como la pulsera telemática o las órdenes de alejamiento son suficientes como mecanismo de protección?

—La prioridad del mandato es muy sencilla de resumir: la dignidad de las personas por encima de todo, sea cual sea la condición que estén en el proceso. Especialmente las víctimas más vulnerables. Cualquier instrumento de protección será bienvenido, incluso antes de que se acceda al proceso. Con denuncias, con conocimiento y con datos, se puede actuar mucho mejor desde la Justicia pero eso no quita para que se pueda actuar sobre esas potenciales víctimas. Nunca acabaremos de adoptar medidas suficientes para una víctima y nunca le ofreceremos todas las garantías para que se pueda sentir confortable en un proceso. Un proceso es algo incómodo para cualquier ciudadano y más si eres la persona que peor lo ha pasado. Lo que tenemos que hacer nosotros es acomodarnos a esa situación, no que se acomoden a nosotros.

A principios de mes la Fiscalía General del Estado envió un oficio a todos los fiscales para conocer el estado de las investigaciones sobre las muertes por covid en residencias y garantizar que las víctimas sean oídas. ¿Cree que se podrán depurar responsabilidades?

—La depuración de responsabilidades se hace en cada juzgado de España o en cada fiscalía por hechos concretos y en eso el sistema de justicia funciona. No hay que activar nada especialmente diferente. Lo que sí podemos activar de una manera distinta es, por un lado, la información, y por otro la atención a las víctimas desde las fiscalías. En ese sentido iba el oficio. Hemos pedido datos para poder ofrecérselos a la ciudadanía, para poder decirles cómo y qué se está haciendo; y a su vez hemos solicitado a los fiscales que acudan, amparen y escuchen a las víctimas.

¿Qué daño hizo a la FGE las declaraciones de Pedro Sánchez presumiendo que la Fiscalía dependía del Gobierno?

—No sé si hizo daño o no, lo que es cierto es que nuestro estatuto no pone en manos de nadie a la Fiscalía. Es una entidad autónoma. El nombramiento del fiscal general del Estado efectivamente se produce por parte del Ejecutivo, pero no condiciona la acción de este porque está blindado. Está blindado en cuanto a su cese, en el sistema de contrapesos, y está blindado también en cuanto a la garantía del ejercicio profesional de 2.630 fiscales en España.

En septiembre ascendió a Dolores Delgado a jefa de la Fiscalía Togada del Supremo pese al rechazo de la mayoría del Consejo Fiscal. ¿Recibió alguna indicación del Gobierno para realizar dicho nombramiento?

—El fiscal general no recibe indicaciones por parte del Gobierno. Esa es la premisa. Y polémica... Depende de dónde situemos la polémica. Solamente el currículum de Dolores Delgado era suficientemente expresivo para ver que estamos ante una fiscal de primerísima categoría.

Como esta ha habido otras críticas y usted mismo denunció una campaña de “ataques personales” para “socavar” su nombramiento. ¿Cuál fue el que más le dolió?

—Forma parte del pasado. Fue un intento de desacreditar a quien iba a ser nombrado fiscal general y con eso me quedo. Para mí no está olvidado, porque tendrá que tener sus consecuencias, pero ya forma parte de una operación del pasado.

Las víctimas de ETA piden a la FGE que se actúe de oficio ante los homenajes a etarras. ¿Se van a impedir tajantemente?

—Eso es una cuestión resuelta desde hace tiempo por parte de los tribunales. La postura de la Fiscalía viene siendo la misma desde hace muchos años. Hay un conflicto entre la libertad de expresión y la actuación o la prohibición de determinados homenajes. Es la jurisprudencia la que resuelve.

Para terminar, ¿qué es lo mejor y lo peor de la Fiscalía de Salamanca?

—Lo mejor, sin ningún tipo de duda, todos los fiscales y funcionarios que la integran. Lo peor... (ríe). Hay mucho que mejorar para que toda esa potencialidad esté a disposición de los ciudadanos.