Salamanca ha clausurado el Proyecto CISDO, que está concebido para prevenir y denunciar los delitos de odio, y que ha supuesto diez meses de trabajo entra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Universidad de Salamanca, el Ayuntamiento y las ONG que acostumbran a trabajar con aquellas personas que corren más riesgo de ser víctima de los delitos de odio. En el caso de Salamanca han sido Cruz Roja, Cáritas, ACCEM, Cepaim, Iguales, Salamanca Acoge, Fundación Secretariado Gitano, Aspace y ONCE.
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La necesidad de poner en marcha iniciativas de este tipo se fundamenta en el dato aportado por el comisario jefe de la Policía Nacional -Claudio Javier Díaz- de que «solo uno de cada diez delitos de este tipo se denuncia».
Con el fin de que «se le pierda el miedo al uniforme» y con la certeza de que, en muchas ocasiones, las víctimas son personas en situación de especial vulnerabilidad, se crearon estas agrupaciones entre policía y organizaciones de la sociedad civil denominadas 'COPRA'.
Durante la clausura del proyecto se hizo alusión en varias ocasiones a «los buenos resultados» cosechados, aunque no se aportó ningún dato al respecto.
Sí se informó de algunas de las iniciativas acordadas a partir de ahora, como la difusión de un vídeo divulgativo sobre los delitos de odio que se podrá ver en marquesinas y otros soportes de la ciudad, la creación de una mesa de coordinación local y permanente para comunicar entre los integrantes este tipo de sucesos y otra mesa de divulgación para llegar al mayor número posible de personas y contribuir a que «la lucha contra los delitos de odio sea mucho más efectiva».
Tomás Fernández Villazala, director de la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio, aseguró que los resultados obtenidos -de los que no se habló- ya se pretenden replicar en otros países de Europa y resumió la esencia del proyecto en que «ayuda a la cercanía de la Policía, porque quita prejuicios sobre los uniformes- y a una mejor identificación de los delitos.
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La profesora de la Universidad de Salamanca María Concepción Antón considera que los diez meses de trabajo serán efectivos de cara a «revertir la infradenuncia» de los delitos de odio que existe en la ciudad y también para que «las víctimas confíen más en la Policía a la hora de denunciar». Antón expresó el deseo de que «el trabajo rea empiece ahora» y que los diez meses previos de reuniones y formación sean solo «la base para lograr el objetivo».
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