Adiós a las ayudas del gas para las comunidades de vecinos ante un incierto invierno en precios

Hasta finales de la próxima semana, hasta el 15 de octubre, tienen de plazo las comercializadoras de la tarifa de último recurso para comunidades de vecinos (TUR-4) para informar a sus clientes de que estas ayudas estatales se acaban. Llegarán a su fin el próximo 31 de diciembre y sus beneficiarios tendrán que contratar el suministro con una compañía del mercado libre. Así se recoge en la disposición adicional de una orden del Ministerio para la Transición Ecológica publicada hace poco menos de una semana en el Boletín Oficial del Estado y que ha pasado casi desapercibida si se compara con la difusión que el Gobierno de Pedro Sánchez dio a estas ayudas que iban a permitir, según anunció, que 1,7 millones de hogares de toda España, aproximadamente 6.300 comunidades de la provincia de Salamanca, rebajasen un 50% su factura del gas. Y, conforme a la instrucción fijada por el departamento que dirige la ministra Teresa Ribera, la principal gasista española, Naturgy, ha confirmado a este periódico que está informando a sus clientes para que dispongan de tiempo suficiente para cambiar sus contratos.

La medida que se adoptó hace un año para ayudar a las comunidades de propietarios a hacer frente a los elevados precios energéticos desaparecerá en un invierno en el que el inestable mercado genera incertidumbre entre los consumidores. «El precio del gas está más contenido pero su evolución es impredecible y el gasóleo se encuentra en precios impropios para la época en la estamos», apuntaba ayer el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Salamanca, Ángel Hernández. «Estamos poniendo velas para que el frío se retrase y para que el invierno no sea muy duro, porque si tenemos que esperar cambios en el mercado o ayudas por parte de quienes nos gobiernan vamos mal», añadió. Lo cierto es que no resulta fácil conseguir datos de cuántas comunidades de propietarios, de las 6.300 que podrían hacerlo en esta provincia, se han acogido a la TUR vecinal. Los administradores de fincas apuntan que las medidas que exigían para beneficiarse de ella han llevado a muchos propietarios a rechazarla. «Exigían que se cumplieran una serie de requisitos que eran una incongruencia», apunta Hernández, quien comenta que, para recibirla, se obligaba a los vecinos a poner contadores individuales aunque se dispusiese de informes técnicos que certificasen que la inversión resultaba más costosa que los beneficios que se obtendrían con su instalación. En definitiva, que para muchas comunidades resultaba más caro adaptar el sistema de calefacción a las condiciones fijadas por el Ministerio que el ahorro que obtenían por acogerse a la tarifa regulada.

Para quienes el próximo 1 de enero no dispongan de un contrato de suministro en el mercado libre se les aplicará una tarifa transitoria, según recoge la orden publicada por el Ministerio. Aunque las comercializadoras tienen la obligación de avisar a los clientes y aseguran que ya lo están haciendo, desde el Colegio de Administradores de Fincas insisten a las comunidades de vecinos que no esperen a recibir la carta de su compañía, porque no siempre llegan al destinatario correcto.

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