Acuerdo en Castilla y León: las ayudas a hogares vulnerables se vinculan a la búsqueda de empleo y a evitar el absentismo escolar

Un “nuevo modelo” de protección que apueste por “la activación social” de los beneficiarios, “especialmente en los hogares donde existen menores”. Una red que ayude a las familias vulnerables a salir adelante pero que, a su vez, exija de ellas un compromiso real de que se esfuerzan por salir de su situación de necesidad. Es uno de los pilares sobre los que se asienta el Pacto por las Familias de Castilla y León que este martes ha rubricado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con 45 entidades del Tercer Sector y que, entre sus 56 medidas, incluye que las ayudas sociales, como el nuevo modelo de Renta Garantizada de la Ciudadanía que se proyecta, se vincularán “a que, por un lado, se realice una búsqueda activa de empleo y, por otro, apuestan por la escolarización de sus hijos”, es decir, a que los niños beneficiarios no falten a clase. “Haremos hincapié en luchar contra el absentismo escolar porque tenemos todos claro que la educación es el mejor ascensor social”, ha subrayado el presidente autonómico.

“Con este pacto blindamos la protección a las familias vulnerables, pero también tenemos en cuenta a aquellas de clase media que puedan atravesar momentos temporales de dificultad, bien por circunstancias laborales, bien por motivos económicos, como la inflación u otras causas”, ha indicado Mañueco satisfecho por avanzar en el que fue uno de sus compromisos electorales. En esa línea, la Junta se compromete a garantizar ayudas de alquiler a todas las familias con ingresos anuales que estén comprendidos entre 0,5 y 3 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Conforme a esto, en 2025 tendrían derecho a ellas quienes ingresen entre 4.200 y 25.200 euros. Pero no todas obtendrían el mismo apoyo ya que se apuesta por un modelo progresivo, para que los hogares con las rentas más bajas sean los que reciban un mayor apoyo.

Dado que uno de los objetivos es reducir el absentismo, el Gobierno autonómico y las 45 entidades firmantes se comprometen a garantizar la gratuidad total a las familias vulnerables de los libros de texto, el comedor escolar y el programa “Madrugadores”. Y en materia de empleo, tal y como viene insistiendo la consejera, Leticia García, en los últimos meses, la administración autonómica aumentará los itinerarios de inserción para encontrar un puesto de trabajo, así como la coordinación entre los servicios educativos, sociales, de empleo, el Tercer Sector y las empresas, con el objetivo de mejorar la eficacia de la integración laboral. Además, la Junta pondrá en marcha un servicio de apoyo a la integración sociolaboral de jóvenes procedentes del Sistema de Protección a la Infancia.

En un escenario en el que son muy frecuentes las quejas por la larga tramitación y los meses de espera que son necesarios para empezar a cobrarlo, así como por la reclamación a los beneficiarios de parte de la ayuda cobrada una vez que se cierra el ejercicio, la Junta de Castilla y León solicitará al Gobierno de Pedro Sánchez que le ceda la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV). “Estamos entre los mejores servicios sociales de España y podemos mejorar la gestión que se hace actualmente”, ha señalado Fernández Mañueco. Transferir las competencias en la concesión de esta prestación no es algo novedoso. En marzo de 2022 el Estado y el País Vasco acordaron el traspaso del IMV, al que iba unido ese año el pago de las arcas estatales a las autonómicas de más de 188 millones de euros. En las mismas fechas se pactó con Navarra a cambio de 48,35 millones. Y el Ejecutivo de Pedro Sánchez firmó el pasado julio la cesión de estas subvenciones a la Generalitat de Cataluña.

Además de las ayudas al alquiler, el Pacto por las Familias de Castilla y León incluye el compromiso de que se van a incrementar las plazas para el alojamiento de personas vulnerables, se agilizará el pago del bono social térmico y se facilitará la adaptación de viviendas para las personas de movilidad reducida.

Las actuaciones en materia de vivienda, informa la administración autonómica, tendrán una perspectiva rural, a través de la promoción y rehabilitación de vivienda pública en los municipios, principalmente destinada a jóvenes, así como mediante la bonificación del alquiler.

Por otra parte, la colaboración entre las administraciones públicas y las entidades del Tercer Sector en materia de Servicios Sociales será fundamental, según el pacto, para canalizar los recursos y llegar a más capas de población de manera eficiente. En este sentido, la innovación tecnológica es una herramienta clave para agilizar todos los procesos que tratan de abordar las situaciones de emergencia social. Por ello, la Junta implantará este año la ‘Historia Social Única’, un documento en el que se recogen las ayudas que recibe cada persona y un elemento clave para que el sistema de protección social de Castilla y León sea aún más eficaz evitando, por ejemplo, las duplicidades.

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