Cientos de abogados salmantinos han alzado la voz y se han unido al movimiento nacional que pide unas pensiones justas que solucionen el problema actual en el que los letrados cobran entre 300 y 600 euros al jubilarse. «Hay casos de 300 euros después de 30 años cotizados como abogado», explica Felipe J. Crespo, portavoz de los letrados salmantinos afectados.
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Para entender esta cuestión hay que retroceder hasta el año 1995. Hasta esta fecha los abogados estaban obligados a unirse a la Mutualidad de la Abogacía, un sistema que en la práctica funciona como un fondo de pensiones privado. Después, se les permitió optar por ese régimen o por el RETA, aunque, según expresa Crespo, a los recién licenciados siempre se les recomendaba la firma por la Mutualidad asegurando mejores prestaciones y pensiones superiores a las del resto de autónomos. Con ese cambio, perdían todo lo que habían cotizado previamente.
Los abogados salmantinos denuncian que pese a que se les prometió que recibirían pensiones «similares» o más altas que las del sistema público, lo cierto es que actualmente se abonan unas rentas vitalicias que oscilan entre la mitad y un tercio de la mínima del RETA. Por ello, se ha optado por solicitar que se abra una ventana o una «pasarela» que permita dejar la mutualidad y cambiarse al RETA sin perder la antigüedad y con mejoras fiscales, ya que si ahora mismo un abogado hace ese cambio parte de cero y deja atrás todos los años que ha cotizado en la Mutualidad. «Ningún abogado que se estableciera por su cuenta en Salamanca antes de 1995 pudo elegir entre mutuas o Seguridad Social», lamenta.
Crespo además señala que las pensiones que reciben «ni se actualizan anualmente con el IPC». «La mayoría de los abogados que entraron antes de 1995 están obligados a seguir trabajando hasta una edad muy avanzada porque están por debajo de las pensiones mínimas», detalla.
Entre otras cuestiones, también denuncian la falta de coberturas elementales: «La incapacidad laboral temporal, las bajas, solo puede durar un máximo de 365 días por lo que a lo largo de toda tu vida laboral solo puedes estar como máximo de baja un año», denuncian. Ante esta situación, el Consejo General de la Abogacía ha solicitado al Gobierno que salga elegido tras las elecciones que garantice pensiones mínimas equiparables a las de los autónomos para todos los mutualistas.
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