La Abogacía del Estado lo tiene claro: la Junta no puede evitar que se abra el centro de inmigrantes de Puente Ladrillo

«El Estado tiene competencia exclusiva sobre nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo». Así lo establece el artículo 149 de la Constitución. Este punto de la Carta Magna, que se convierte, según los expertos, en el principal escollo del pacto de PSOE y Junts para la delegación de las políticas migratorias a Cataluña, es, a su vez, en el que se apoya la Abogacía del Estado para rechazar la normativa autonómica que impide la apertura del centro de inmigrantes de Puente Ladrillo sin una autorización previa de la Junta de Castilla y León, y limita su capacidad a un máximo de 120 plazas. Considera que el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco carece de competencias en esta materia y que, por tanto, los recursos que el Ministerio de Inclusión, Servicios Sociales e Inclusión ha proyectado en Castilla y León pueden seguir adelante sin problema.

«Inviable» es, según aseguró la consejera de Familia de Castilla y León, el centro de inmigrantes que podría llegar a albergar hasta 400 personas planteado en el antiguo edificio de la residencia de San Juan de Sahagún, en la carretera de Aldealengua. Así lo manifestó el 13 de febrero poniendo sobre la mesa una orden autonómica, del 28 de octubre de 2024, que exige que los albergues para personas vulnerables tengan autorización previa y cumplan una serie de requisitos, como el que restringe su capacidad. Ante estas afirmaciones y una carta que la Junta envió al Ministerio de Elma Saiz, este elevó una primera consulta a los servicios jurídicos. Aunque, de momento, no ha recibido el informe, fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones, aseguran que la Abogacía del Estado ya le ha indicado que puede seguir adelante «con todos los recursos proyectados en Castilla y León como hasta ahora, ya que la política migratoria es, a todos los efectos, competencia estatal». Y es que el Gobierno de Pedro Sánchez no solo ha puesto el ojo en el inmueble situado en el kilómetro dos de la carretera de Aldealengua, sino que también están previstos otros centros de acogida de inmigrantes en Villablino (León) y Soria. En ambos se superaría la capacidad fijada por la Junta, ya que se prevé que dispongan de unas 200 plazas cada uno.

Por otra parte y pese al borrador que la empresa pública Tragsa presentó en el Ayuntamiento de Salamanca detallando que la intención era convertir la antigua residencia en un centro de inmigrantes con capacidad para 448 personas y que la intención era tenerlo listo en mayo, la Secretaria de Estado mantiene que, por ahora, no se ha decidido «la tipología del recurso». No estaría claro, por tanto, si sería un albergue, un centro de atención u otro servicio, pero no hay duda que estaría a disposición de Migraciones. En la misma línea y a pesar del citado documento, insiste en que no están decididas sus plazas ni tampoco los plazos.

• Temas
• Junta de Castilla y León
• Política
• Emigrantes
• Inmigración
• Cataluña
• Soria
• Puente Ladrillo
• Castilla y León
• Alfonso Fernández Mañueco
• Pedro Sánchez
• Ayuntamiento de Salamanca
• Partido Socialista Obrero Español (PSOE)