Los 4.000 beneficiaros del IMV son solo el 12% de los hogares en riesgo de pobreza

El pasado abril, 4.055 familias de la provincia recibieron del Estado una media de 493,45 euros para hacer frente a sus gastos más básicos. Estos hogares, en los que residen 11.792 salmantinos, fueron los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y la exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas. Las cifras son muy bajas si se tiene en cuenta que el último avance de European Anti-Poverty Network (EAPN) sobre el Estado de la Pobreza en España cifra en un 22,4 % el porcentaje de la población de Castilla y León que vive en riesgo de pobreza. Conforme a ello —dado que no existen datos provincializados—, en Salamanca serían más de 70.000 personas, una cifra muy alejada de los perceptores del IMV. En esa misma línea, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España publicó la pasada semana un informe en que afirma que solo el 12,2 % de la población que vive en riesgo de pobreza en España es beneficiaria del IMV. El cálculo más aproximado que posee para esta provincia es el que ha realizado para toda Castilla y León, que coincide con la proporción nacional (12,2 %).

«Estamos en un momento en el que las personas que tienen dificultades ya son un poquito más que mileuristas, familias que tienen nóminas de 1.200, 1.300, 1.400 euros, que casi todas tienen un indicador común y es que viven en régimen de alquiler», apunta Oliva Martín, responsable de Acogida de Cáritas. «Con una vivienda en propiedad sin tener que pagar hipoteca, con ese dinero uno puede vivir más o menos dignamente; pero, si hay que pagar alquiler, este se lleva un mínimo del 30% de los ingresos», añade la trabajadora de la organización diocesana. El problema llega cuando estas familias que viven al día acuden en busca de ayudas públicas, como el IMV, y con esos salarios no entran dentro de los baremos establecidos y, por tanto, no se las conceden. En estos casos, cualquier gasto imprevisto o las subidas de precios pueden llevarles a que algunas de sus necesidades más básicas queden sin cubrir. «Se ven obligados a decidir: o ponemos menos radiadores o gastamos menos en una alimentación adecuada. Todos comemos, pero no es lo mismo comer ternera dos o tres días a la semana o tres que no comerla nunca. Estamos viendo familias que tienen miembros con enfermedades, como diabetes, renuncian a comer cómo les recomiendan los médicos, con lo que la salud es la que lo paga», añade Martín, quien reconoce que, aunque en pocos casos, en algunas de las visitas domiciliarias que realizó este invierno vio «a toda familia con los abrigos puestos en casa». Desde Cáritas explican que muchas de las personas que viven en inmuebles que no tienen calefacción central, no la ponen para ahorrar y pasan frío.

«El perfil mayoritario de los casos que estamos atendiendo es de familias españolas o llevan años residiendo en España, pero con unos recursos económicos bajos y con unos ingresos, en algunos casos, inestables —trabajan solo algunos meses—. Y luego en los últimos años están creciendo los casos de familias de origen extranjero que llegan por primera vez aquí y no tienen acceso a ningún tipo de ayuda pública», apunta Javier Vicente, coordinador de Cruz Roja. Incide en la llega principalmente de inmigrantes de Venezuela, Perú y Colombia, que en muchos casos entran con visado, piden asilo y hasta que Extranjería avanza en el procedimiento de protección internacional pasan meses en los que la única ayuda que pueden recibir es la de las organizaciones no gubernamentales. Es otra importante parte de la población salmantina que queda fuera de la cobertura que ofrece el Ingreso Mínimo de Inserción.

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