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Sábado, 30 de octubre 2021, 19:30
En Salamanca hay 349 expedientes de ayuda de Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) que complementan la ayuda del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Todos ellos estarán obligados a firmar un Proyecto Individualizado de Inserción (PII) en el que, en función de las características de las unidades familiares, se fijen las obligaciones de toda la unidad familiar para salir de las situaciones de exclusión social. Este itinerario contendrá compromisos especialmente en el ámbito del empleo (vinculadas a la inserción socio-laboral) y la educación (exigiendo la escolarización de los menores de más de tres años).
La nueva Renta intensificará el seguimiento de los Proyectos Individualizados de Inserción y el incumplimiento de las obligaciones y compromisos implicará la extinción de la prestación, algo que no ocurre con el IMV. El personal de los Servicios Sociales se volcará en estas tareas de gestión, más orientadas a la oferta de itinerarios, contratos y otras medidas para la inserción sociolaboral de los beneficiarios, que a otras tareas más burocráticas. Se contemplará una medida transitoria para los actuales perceptores de RGC que no son beneficiarios de IMV, a quienes se les garantizará la prestación hasta que, en su caso, pasen a ser beneficiarios de IMV.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y los agentes del Diálogo Social trabajarán para definir esta propuesta a lo largo de los próximos días y garantizar que todos los perceptores de la RGC estén vinculados a un proyecto de vida o a un programa individualizado para su inserción social y laboral y para garantizar el futuro de sus hijos. Además, la Consejería va a simplificar los requisitos para su solicitud, que se reducen básicamente a tener la residencia y estar empadronados en Castilla y León, ser beneficiarios de IMV, ser demandantes de empleo o de mejora de empleo y firmar el Programa Individualizado de Inserción.
La nueva RGC implicaría así un ingreso adicional, incentivo o mejora económica para la persona que esté recibiendo el IMV a cambio del cumplimiento de unos compromisos que se determinen en un proyecto individualizado de inserción para la unidad familiar y que se entienden necesarios para superar una situación de exclusión social, teniendo en cuenta aspectos fundamentales como la educación y el acceso al empleo, según el área dirigida por María Isabel Blanco.
Así, la futura Renta Garantizada se centrará en promover la integración de las familias en riesgo de exclusión social, facilitando el desarrollo de un proyecto de vida normalizado, dado que el IMV se ocupa de asegurar un nivel mínimo de recursos para la cobertura de las necesidades básicas.
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